Según informe de Defensoría del Pueblo
Una de las causas principales de la inseguridad ciudadana es la falta de policías en el resguardo de la ciudad. Solo hay un policía por cada 856 habitantes, según la reveladora afirmación hecha por el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, José Elice Navarro, ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que preside la congresista Luciana León Romero (CPA).
Agregó que de acuerdo al balance de la situación de las comisarías a nivel nacional al 2015, se puede señalar que hay 1470 delegaciones policiales, 36 mil 380 policías que laboran en comisarías. Es decir, hay un efectivo policial por cada 856 habitantes. También anotó que el patrullaje motorizado se incrementó en 1,5% y el patrullaje a pie disminuyó.
Elice también informó que al 2015, el 31,9% de comisarías a nivel nacional no tienen acceso al sistema de requisitorias policiales, el 49,2% de comisarías no tienen acceso a la base de datos del Reniec, el 54,6% de comisarías no cuentan con teléfono fijo, propio y operativo, el 79,9% no cuentan con radio fijo y operativo.
Subrayó que en el marco de la implementación de la Ley que busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público y privado contra las mujeres, la Defensoría del Pueblo ha realizado capacitaciones a la PNP sobre las obligaciones establecidas en la norma, así como la orientación en casos de violencia contra la mujer.
Agregó que se realizan supervisiones permanentes a diversos penales del país, priorizando a los que se ubican en Lima y Callao debido a la alta cantidad de población penitenciaria.
Dijo que la Defensoría del Pueblo también ha cumplido, en estos tres meses, acciones relevantes como la supervisión de los sistemas de vigilancia municipal en los distritos de Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Comas, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa.
Juzgados de Flagrancia Delictiva
Por su parte el presidente del Poder Judicial, Ramiro de Valdivia Cano, subrayó que el delito de feminicidio y otros que atentan contra la integridad, libertad y vida de las personas –principalmente mujeres- constituyen un problema social que afecta la seguridad ciudadana,
Anotó que no obstante que la función principal del sistema judicial no es combatir la delincuencia ni prevenir los hechos delictivos, la imposición de penas tiene evidente importancia para lograr los fines preventivos que busca el sistema penal.
Puntualizó que en el Poder Judicial se ha instaurado una política judicial de género: se ha creado la Comisión de Justicia de Género; se ha elaborado el Plan Nacional de Capacitación de Jueces sobre Justicia con Perspectiva de Género y se han implementado 24 juzgados de familia a nivel nacional.
Valdivia Cano informó que se están adoptando medidas para el fortalecimiento de los juzgados de flagrancia delictiva. Indicó que con la transferencia de recursos adicionales se ha logrado implementar 32 juzgados de flagrancia a nivel nacional adicionales a los 144 que vienen funcionando. Dijo que se han procesado 52 mil 307 personas por flagrancia delictiva.
Agregó que en los distritos judiciales de Lambayeque, Ica, Piura y La Libertad se ha presentado el mayor número de detenciones por flagrancia. Precisó que en los 49, 914 procesos se observa que los delitos con mayor incidencia son los de omisión de asistencia familiar y de peligro común.
“En atención a que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema del país, superando a la corrupción, desempleo, elevado costo de vida y terrorismo que años atrás eran temas predominantes- Se acordó conjuntamente con el fiscal de la Nación y el ministro del Interior adoptar acciones concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana”, expresó el jurista en el hemiciclo del Parlamento.
Agregó que de enero a octubre de este año se han impuesto 42 mil 847 condenas por delitos que afectan la seguridad ciudadana (delitos contra el patrimonio, la libertad, seguridad pública y contra la vida el cuerpo y la salud). Señaló que en este mismo período se han impuesto un total de 103 penas de cadena perpetua, principalmente por delitos de violación sexual.
Programa de Recompensas
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó que de agosto a noviembre del 2016 la lista de requisitoriados ha llegado a 901, de los cuales 93 han sido capturados por delitos de robo agravado, homicidio, extorsión, violación, entre otros. Subrayó que todo esto dentro del Programa de Recompensas “Que ellos se cuiden”.
Detalló que se han ejecutado 35 megaoperativos en los cuales se han capturados 403 delincuentes, 28 bandas han sido desarticuladas y se decomisaron 51 armas con 1,636 municiones. Se incautó 596 mil 330 soles, mercadería valorizado en más de 15 millones de soles, así como se decomisó dos toneladas de medicina adulterada.
Dijo que el Programa Barrio Seguro se implementará en cinco fases en los distritos más vulnerables al crimen y la violencia. Busca mejorar las condiciones para la seguridad y la convivencia pacífica en los barrios más vulnerables al crimen y la violencia. Indicó que se implementará a través de las comisarías que coordinará directamente con programas sectoriales y gobiernos locales.
Agregó que el número de ingresos por delitos de crimen organizado se ha incrementado a 174 muy superior a la labor cumplida en el gobierno anterior.
Fiscalía de la Nación
A su turno, el asesor de la Fiscalía de la Nación, Edgard Peralta Quino, informó que entre julio y noviembre del presente año se han desarticulado más de 30 organizaciones criminales.
Dijo también que en el transcurso de los próximos días se presentará al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) una versión preliminar del Protocolo de Actuación Interinstitucional del Ministerio Público (programas de protección y asistencia a víctimas y testigos) y la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre ejecución de medidas de protección.
También reveló que se ha formado un grupo de trabajo liderado por la secretaría técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual participan representantes del Ministerio Público de todas las especialidades, a fin de elaborar el Protocolo de Actuación Interinstitucional Específico de Proceso Especial de Colaboración Eficaz, que busca dotar a los operadores de justicia de un instrumento operativo que permita la adecuada aplicación del proceso especial de colaboración especial.
El viceministro de Justicia, Edgar Carpio Marcos, manifestó que entre enero y setiembre del presente año se han presentado 1379 casos de violación sexual, 1283 casos de lesiones por violencia familiar, 33 casos de feminicidio y 271 casos de trata. (jon)
