Opinión de Esther Valenzuela
No en vano se coparon diversas instituciones con titulares designados por el Congreso fujicerronista y porkista. El resultado: Keiko en la segunda vuelta.
Se aprobaron leyes absolutorias para procesados, se archivaron juicios al amparo de esas normas y se dieron interpretaciones del Tribunal Constitucional que, según se cuestiona, retribuyen la designación de sus miembros. A ello se suma la Junta Nacional de Justicia, también designada por el Congreso, con el objetivo de “limpiar el Ministerio Público” y permitir el retorno de los llamados “cuellos blancos”. Mientras tanto, el pueblo queda sin defensor, en referencia a la Defensoría del Pueblo, cuya elección también recayó en el Parlamento y cuya labor, según críticas, se ha centrado en defender a investigados y respaldar leyes consideradas inconstitucionales.
La historia parece repetirse: nuevamente Keiko y el “sombrero” en contienda. La interrogante es si este último podrá imponerse frente a una estructura que, según se señala, favorecería a la lideresa fujimorista. Se menciona el control o influencia en el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
Asimismo, se advierte que, para estas elecciones, Keiko habría contratado a personeros vinculados a la estrategia utilizada por Pedro Pablo Kuczynski en 2016.
En ese contexto, se sostiene que Sánchez, si aspira a ganar, no solo debe contar con el respaldo del sur y de quienes esperan un cambio, sino también garantizar la presencia de personeros de confianza en todas las mesas de votación, a fin de resguardar el proceso electoral frente a posibles irregularidades denunciadas por sus simpatizantes.
