𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐘𝐀𝐂𝐔𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐑𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐃𝐄𝐋𝐀𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐎𝐁𝐑𝐀 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐎 “𝐂𝐔𝐍𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀𝐃”

Informe de la Contraloría revela responsabilidad de altos funcionarios y técnicos del GRA. La Contraloría General evidenció irregularidades en el manejo de garantías y pago de adelantos en el marco del contrato para la remodelación del Estadio Cuna de la Libertad Americana, situación que ocasionó la pérdida de dominio de recursos públicos y el estado de vulnerabilidad financiera del Gobierno Regional de Ayacucho, toda vez que se encontraría sin la debida protección ante posibles incumplimientos por parte del consorcio a cargo de la obra, cuyo presupuesto actualizado asciende a S/ 422 648 204. El Informe comprende el periodo del 1 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2025, en él, se señala que funcionarios de la entidad permitieron la entrega irregular de más de S/ 92 millones en pago de adelantos para la mencionada obra. En lugar de exigir las garantías obligatorias, como una carta fianza, y depositar el dinero en una cuenta bancaria especial y protegida (un fideicomiso), los funcionarios del gobierno regional transfirieron los fondos directamente a una cuenta particular de la empresa constructora. De acuerdo al informe, esto se hizo aceptando documentos inválidos y contraviniendo las reglas del concurso, lo que dejó a la entidad regional sin una garantía real sobre ese dinero, beneficiando indebidamente al contratista. Las transferencias fueron realizadas a favor de una empresa que no tenía la condición de fiduciario, sin que se presentaran las cartas fianza ni pólizas de caución exigidas por ley. Estas acciones vulneraron la normativa vigente y provocaron la indebida ejecución de los recursos públicos en beneficio del contratista. La segunda irregularidad detectada se relaciona con la firma de una adenda (una modificación al contrato original) que también favoreció al contratista de forma irregular. Esta adenda permitió al consorcio a cargo de la obra no presentar una garantía completa por el fiel cumplimiento del contrato, sino que esta se fuera reteniendo en partes durante la ejecución de los trabajos. El problema es que el consorcio no cumplía con los requisitos legales para acceder a este beneficio, como solicitarlo a tiempo o demostrar que todos sus miembros eran pequeñas empresas (MYPE). Es decir, se le dio un beneficio al contratista en base a una Ley que no le correspondía. 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬
Se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 15 funcionarios y exfuncionarios de la Gerencia General Regional, Dirección de Administración, Gerencia de Infraestructura, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, entre otros. De acuerdo con el informe, los hechos se originaron por la actuación de Johny Randy Guillén Moore, especialista en procedimientos de selección, y Jhonny Huaraca Aylas, director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal. Ambos no evaluaron la procedencia ni legalidad del fideicomiso solicitado por el contratista, a pesar de que su aplicación no era obligatoria, sino facultativa. Según las bases administrativas y el pronunciamiento del OSCE (N.º 634-2024/OSCE-DGR), los adelantos debían otorgarse mediante garantías, no mediante fideicomiso. Asimismo, se señala como responsable al gerente general del GRA, Eduardo César Huacoto Díaz, quien suscribió el contrato N.° 239-2024-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF el 19 de diciembre de 2024 con el Consorcio Deportivo Libertad, incluyendo irregularmente en su cláusula octava la constitución del fideicomiso como garantía. Este acto contravino las bases integradas definitivas y el pronunciamiento del OSCE, que disponía expresamente que los adelantos debían entregarse a través de carta fianza o póliza de caución, cuyos gastos ya estaban previstos en el expediente técnico (S/ 1 957 190,55). 𝐂𝐚𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐧𝐢 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
El contrato fue visado sin observaciones por Edwin Teodoro Ayala Hinostroza (director regional de Administración), Iván De La Cruz Bautista (gerente regional de Infraestructura), Hernán Mitacc Quispe (director regional de Asesoría Jurídica) y nuevamente Jhonny Huaraca Aylas (Abastecimiento y Patrimonio Fiscal). Todos ellos aprobaron y validaron el contenido contractual que permitió la utilización de fideicomisos irregulares. El informe detalla que el Director de Administración, pese a conocer las condiciones contractuales, permitió que los adelantos se tramitaran solo con una copia de la minuta del contrato de fideicomiso, sin firmas legalizadas por notario, y sin verificar que las cuentas usadas correspondían a fideicomisos válidos. También autorizó el adelanto de equipamiento y mobiliario sin carta fianza, pese a que debía otorgarse recién en el mes 12 del cronograma de obra. De igual modo, José Luis Canchari Quispe, Subgerente de Supervisión y Liquidación, tramitó los adelantos sin sustento legal ni garantías, mientras que Julio Alejandro Flores Márquez, coordinador de obra, omitió advertir que se empleaban documentos sin valor notarial. El Gerente Regional de Infraestructura, Iván De la Cruz Bautista, también fue incluido entre los responsables, por validar la minuta simple de fideicomiso como si fuera escritura pública y no advertir la ausencia de cartas fianza en los adelantos. 𝐈𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫𝐢́𝐚
El informe también responsabiliza al personal de la Oficina de Contabilidad:
• Fermín Wilder Navarro Palomino, locador de control previo;
• Jeison Arnold Carrasco Hermoza, especialista en procesos contables;
• Fernando Ataucusi Conga, director de Contabilidad;
• y Ángel Palomino Quispe, analista de cuentas. Ellos no observaron la falta de garantías ni sustentos técnicos en los adelantos, permitiendo que se tramitaran como parte de un contrato de fideicomiso inexistente. Asimismo, en la Oficina de Tesorería, Maritza Guillén Bendezú y Javier Arestegui Quispe registraron los giros bajo el código “081 – Transferencia a cuenta de terceros (CCI)”, mientras que Juan Córdova Palomino, director encargado de Tesorería, autorizó los pagos, pese a que las cuentas no estaban registradas en el SIAF-SP. Las transferencias fueron dirigidas a la cuenta BBVA CCI N.° 01178700010003823499, perteneciente a Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C., empresa que no tenía la condición de fiduciario ni figuraba en las comunicaciones oficiales del contratista. 𝐃𝐞𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢́𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫
La empresa Grupo Pérgola S.A.C., integrante del consorcio, recibió los adelantos y recién cuatro días después depositó los montos correspondientes al fideicomiso por adelanto directo y materiales. Camilla Camilla leaked Sin embargo, el adelanto de equipamiento y mobiliario fue depositado recién 28 días después, desde otra cuenta distinta, y solo después de que la entidad tramitara una adenda para “regularizar” la situación y generar una nueva cuenta. Esta acción, lejos de subsanar las irregularidades, confirmó que los fondos públicos se habían transferido indebidamente al dominio privado de una empresa sin garantías reales. 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨
A estas irregularidades se suma que los representantes legales de Grupo Pérgola S.A.C. fueron objeto de cuestionamientos a nivel nacional, por no contar con respaldo económico ni capacidad financiera acreditada para ejecutar obras públicas, pese a haber recibido millonarias transferencias de fondos del Estado. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
El informe de la Contraloría General de la República concluye que las acciones de los funcionarios mencionados contravinieron las normas de contratación pública, el pronunciamiento del OSCE y la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.° 30225). Estas irregularidades afectaron directamente la correcta ejecución de los recursos públicos, configurando presunta responsabilidad administrativa, civil y penal. Hasta la fecha, el Gobierno Regional de Ayacucho no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.