PROETICA
Hace unos días, el Congreso de la República aprobó una ley que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
La idea es que las asociaciones que funcionan como ONG, es decir, organismos no gubernamentales, sean adecuadamente supervisadas y, además, se garantice su transparencia. Sin embargo, actualmente las ONG ya son supervisadas no solo por la APCI, sino también por Sunafil, que es un órgano del Ministerio de Trabajo; por la Sunat, que es el organismo de administración tributaria del país; y por la Unidad de Inteligencia Financiera, para evitar actividades vinculadas con el lavado de activos, entre otras.
Nos preocupa sobremanera que se hayan incorporado dos disposiciones que representan una amenaza para la sociedad civil, las colectividades y las personas.
La primera disposición establece que es una falta grave litigar contra el Estado, es decir, presentar acciones legales en defensa de los derechos fundamentales, así como de la libertad de colectividades y personas en nuestro país que se encuentran en estado de indefensión o no cuentan con recursos para ejercer esa defensa.
La segunda disposición establece que está prohibido —y también considerado una falta grave— desarrollar actividades que “afecten el orden público”, sin definir con precisión qué se entiende por orden público. Esto abre un amplio margen de discrecionalidad para la burocracia de turno, lo que representa una seria amenaza.
Finalmente, cabe mencionar el carácter confiscatorio de una de las sanciones establecidas en caso de faltas graves: una multa que puede ascender hasta los tres millones de soles.
Sin duda, existe un estado de amenaza e intervención por parte del Congreso de la República y del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil, las cuales cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de nuestras comunidades y de las personas en el país.
