Monitores Ciudadanos de control realizaron inspecciones a las centrales de operaciones de video vigilancia
La Contraloría identificó que 16 cámaras de videovigilancia de los distritos de Ayacucho, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres no se encuentran en funcionamiento, situación que podría afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana a cargo de los gobiernos locales.
Tras las visitas de inspección a las centrales de operaciones de videovigilancia realizada por la comisión auditora, con el apoyo de los Monitores Ciudadanos de Control, se observó que, de 32 cámaras de vigilancia instalada por la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres 26 se encuentran en funcionamiento y 6 inoperativos.
Mientras que, en la Municipalidad Provincial de Huamanga, se advirtió que, de 50 cámaras instaladas 4 cámaras de videovigilancia de la entidad no se encuentran en funcionamiento.
Situación similar se halló en la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, que de 17 cámaras de videovigilancia 6 de ellas se encuentran inoperativas. Asimismo, se advirtió que la Entidad no almacena las grabaciones por el plazo mínimo establecido en la normativa aplicable, el cual corresponde a 45 días calendarios.
Dicha situación podría afectar que la ciudadanía y las entidades competentes utilicen oportunamente dichas grabaciones y el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana.
Los hechos antes descritos se identificaron en los informes de visita de control: N° 19356-2021-CG/PC-SVC, N° 19357-2021-CG/PC-SVC y N° 19261-2021-CG/PC-SVC, los cuales fueron notificados a los alcaldes de cada municipalidad a fin de que adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. Dicho informe se encuentra publicado en el portal institucional www.gob.pe/contraloria
Los Monitores Ciudadanos de Control de la Contraloría son pobladores voluntarios que realizan control social en obras públicas y los procesos o procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios públicos e intervenciones que involucren recursos del Estado.