Bajo la sustentación del Despacho de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho, se logró la confirmación de 36 meses de prisión preventiva para los imputados en el caso ‘Los Magníficos Ediles’, por los presuntos delitos de crimen organizado y colusión. La resolución fue emitida hoy por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia.
Como es conocido, los implicados en el caso son Tomás Gregorio Cabrera Risco (48), alcalde de Acocro, Edwin Ramírez Miranda (39), alcalde de Anco; Juan Carlos Vásquez Villar (38), alcalde de Jesús Nazareno; Adriel Valenzuela Pillihuaman (37), ex alcalde de Jesús Nazareno y presunto cabecilla, entre otros, los cuales, a través de su defensa, no pudieron rebatir los argumentos presentados por el Ministerio Público.
Entre los hechos expuestos se destacó que tanto los mencionados como la funcionaria de Acocro Yusi Socualaya Lara (38), su esposo Jorge William Cóndor Verástegui (35), los empresarios: Hugo Carlos Hinostroza Huacachi (41), Mario Ochoa Janampa (45) y Efraín Juárez Coronado (50), y César Alfredo Zárate Ruiz (54), funcionario del Ministerio de Vivienda, habrían direccionado diversas convocatorias del Estado para beneficiar a un grupo de empresas allegadas o recién creadas, simulando concursos y otorgándoles grandes presupuestos con la finalidad de quedarse con un porcentaje de cada obra.
Como se recuerda, en diciembre del año pasado se allanaron diversos locales como municipalidades y empresas para recabar información, así como se interceptaron llamadas telefónicas y se recogieron una serie de testimonios, los cuales fueron clave para sustentar la prisión preventiva.
Entre los hechos expuestos se destacó que tanto los mencionados como la funcionaria de Acocro Yusi Socualaya Lara, su esposo Jorge William Cóndor Verástegui, los empresarios: Mario Ochoa Janampa y Efraín Juárez Coronado, y César Alfredo Zarate Ruiz, funcionario del Ministerio de Vivienda, habrían direccionado diversas convocatorias del Estado para beneficiar a un grupo de empresas allegadas o recién creadas, simulando concursos y otorgándoles grandes presupuestos con la finalidad de quedarse con un porcentaje de cada obra.
Como se recuerda, en diciembre del año pasado se allanaron diversos locales como municipalidades y empresas para recabar información, así como se interceptaron llamadas telefónicas y se recogieron una serie de testimonios, los cuales fueron clave para sustentar la prisión preventiva.
Fuente: Ministerio público
