La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho, logró la sentencia de siete años de pena privativa de la libertad efectiva, en primera instancia, para Juan Héctor Osorio Clemente y Leonidas Alejandro Arias Baltazar, residente y supervisor de obras, respectivamente, del proyecto “Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Paqchaqcucho, en la localidad de Mayabamba, Distrito de Ocros, Provincia de Huamanga-Región Ayacucho”, por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, en agravio del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES.
La investigación y sustentación estuvo a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial Marleny Esquivel Chávez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, logrando la sentencia ante el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huamanga.
La Fiscal informó que, en los años 2013 y 2014, FONCODES financió el proyecto “Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Paqchaqcucho, en la localidad de Mayabamba, Distrito de Ocros, Provincia de Huamanga-Región Ayacucho”. Los imputados, Juan Héctor Osorio Clemente (residente) y Leonidas Alejandro Arias Baltazar (supervisor), aprovechando sus cargos y con el expediente técnico aprobado para el revestimiento del reservorio, en lugar de adquirir geotextil y geomembrana polietileno de 1.5 mm., que tiene un precio de más de 28 mil soles, adquirieron una manta asfáltica, que es de menor calidad, no cumpliendo con la vida útil del reservorio conforme al informe pericial de ingeniería.
Sin embargo, ambos imputados, autorizaron el pago de la boleta de venta N° 001-0048, del 8 de abril del 2013, por el concepto de adquisición de geomembrana y geotextil.
Los sentenciados, mientras dure el estado de emergencia, deberán reportarse de manera virtual ante Control Virtual Penal, además de estar imposibilitados de abandonar su residencia sin previa autorización judicial. Asimismo, quedaron inhabilitados para ocupar cargo público por el lapso de cuatro años; así también, deberán pagar una reparación civil de 30 mil soles y una multa de 1125 soles.
El Ministerio Público, durante el estado de emergencia, reafirma su compromiso de lucha contra cualquier acto de corrupción
