- Entidades ediles no convocaron a sesión a las Instancias Provinciales de Concertación durante el estado de emergencia nacional.
La Defensoría del Pueblo en Ayacucho instó a los municipios provinciales de la región reactivar, en el más breve plazo, las Instancias Provinciales de Concertación (IPC) para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. Desde el inicio del estado de emergencia nacional, no han sesionado, pese al incremento de casos de violencia.
Al respecto, la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar señala que son las instancias provinciales de concertación las responsables de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en favor de este sector vulnerable. Este espacio de coordinación es presidido por la Municipalidad Provincial, la Gobernación Provincial, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Centro Emergencia Mujer, Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la autoridad de salud de la jurisdicción, entre otras organizaciones relacionadas a esta problemática.
“Nuestra región ha sido la pionera en lograr crear las instancias de concertación en todas sus provincias en el año 2019, con el compromiso de todos las alcaldes luego que desde la Defensoría del Pueblo hiciéramos la recomendación a cada gobierno local; sin embargo, urge aprobar sus reglamentos internos, convocar a sesión ordinaria, coordinar la agenda por el resto del año y cumplir las funciones para las cuales fueron reconocidas”, señaló el jefe de la oficina defensorial de Ayacucho, David Pacheco-Villar.
Asimismo, se requiere que el Centro Emergencia Mujer, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú socialicen las estadísticas que se hayan registrado a lo largo del año y propongan acciones multisectoriales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
“En la región Ayacucho, de enero a agosto del presente año, se ha registrado 2183 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Las provincias de Huamanga (1248) y Huanta (400) son las que registran el mayor número de casos atendidos por el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estas cifras revelaron que la violencia sexual, física, psicológica y patrimonial también se comete en agravio de niñas, niños y adolescentes, especialmente, en las provincias de Cangallo y Lucanas, donde suman más del 50 % del total de casos de violencia”, acotó Pacheco-Villar.
Asimismo, según la Región Policial de Ayacucho, tan solo en el mes de agosto, se han registrado 73 denuncias por violencia sexual, de las cuales 43 fueron casos en agravio de niñas, niños y adolescentes.
Los casos de personas desaparecidas deberán también ser abordados desde las IPC, por su relación con la comisión de delitos motivados por la violencia física y psicológica. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, desde el mes de mayo a la fecha, se ha registrado 66 casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Ayacucho. Del mismo modo, corresponde que estos espacios multisectoriales de concertación agenden la problemática de los embarazos precoces, usualmente, a consecuencia de un caso de violencia sexual.
