Las recomendaciones han sido puestas en conocimiento del Consejo Regional de Ayacucho, a fin de proceder con sus funciones fiscalizadoras.
Al tomar conocimiento de los reclamos por parte de la población de las comunidades campesinas de Raccaya y Taca, en el distrito de Canaria, provincia de Fajardo, la Defensoría del Pueblo demandó la inmediata fiscalización del cumplimiento de las disposiciones y protocolos para garantizar la seguridad y salud ocupacional de las y los trabajadores en las instalaciones de la empresa minera.
El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho puso en conocimiento del ente supervisor que la minera Catalina Huanca está siendo cuestionada por la población de Raccaya, debido a que no estaría atendiendo adecuadamente la salud de sus trabajadores/as, quienes habrían sido infectados con el Covid-19 y, pese a ello, seguirían conviviendo con la población sin ser puestos/as en cuarentena. Del mismo modo, los representantes del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Comunidad Campesina de Taca, señalaron que habrían más de 60 trabajadores/as que dieron positivo a las pruebas moleculares realizadas por la empres y que están desplazándose a las comunidades de Raccaya, Taca y otros pueblos vecinos, sin las medidas de seguridad que eviten el contagio comunitario.
Esta información fue confirmada al ente defensor de derechos humanos, por el jefe del Establecimiento de Salud de Raccaya, quien informó que no se ha registrado ningún caso confirmado de Covid-19 a la fecha; sin embargo, tiene información extraoficial de un aproximado de 100 presuntos casos Covid-19 entre los trabajadores de la mina Catalina Huanca SAC, quienes estarían siendo tratados por el Policlínico NATCLAR contratada por la minera.
David Pacheco-Villar recordó que se presentó el Reporte Especial N° 3 sobre demandas y tensiones sociales a nivel nacional en el contexto de la pandemia por COVID-19, correspondiente al periodo del 1 al 27 de julio del 2020, cuyos casos se desarrollan en cuatro escenarios principales: servicios de salud pública, actividad minería, establecimientos penitenciarios y, traslados humanitarios y desplazamiento de personas.
«Los hechos que vienen denunciado la población de Raccaya deben ser puestos en agenda de manera inmediata por el Gobierno Regional, a fin de evitar un conflicto social que enfrente a la población de la comunidad campesina de Raccaya con la mina Catalina Huanca SAC; más aún, si el reclamo tiene sustento en la probable vulneración del derecho a la salud que asiste a las personas asentadas en Raccaya y Taca, especialmente, de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores», señaló Pacheco-Villar.
En consecuencia, se ha recomendado disponer la inmediata visita de supervisión de la Dirección Regional de Salud, a fin de que verifique las acciones adoptadas y/o las omisiones en que hubiera incurrido la empresa minera Catalina Huanca SAC, en la atención y tratamiento de la salud de sus trabajadores/as en relación al Covid-19. Asimismo, se ha demandado que la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales recabe la información necesaria, a fin de proceder conforme a sus competencias y manteniendo coordinación con la Prefectura Regional de Ayacucho.
Estas recomendaciones también han sido puestas en conocimiento del Consejo Regional de Ayacucho, en la sesión del día de la fecha, a fin que los representantes de la provincia de Fajardo decidan las acciones correspondientes en el marco de sus funciones fiscalizadoras.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho fundamental de las y los trabajadores, cuyo objetivo es prevenir, entre otros, las enfermedades ocupacionales; por ello ha recomendado a Sunafil disponer la inmediata fiscalización del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en las instalaciones de la minera Catalina Huanca SAC.