Dueños de Funeraria “Villa Fe” trabajan en Essalud, y no permiten participar en inhumación a familiar de fallecido
Desde la Defensoría del Pueblo, nos informan que han recibido la queja del ciudadano Oscar Gamarra Sulca, quien señaló que su familiar fue ingresado el 21 de junio a EsSalud, habiendo fallecido hoy en la madrugada.
Según el Defensor del Pueblo, David Pacheco, la queja del ciudadano tiene que ver con dos temas:
1. Denuncia que Edwin De La Cruz Orejón, dueño de la Funeraria “Villa Fe” y trabajador del Área de Admisión de EsSalud y su conviviente, María Allay Quillón, enfermera del Área de Emergencia de EsSalud, han aprovechado sus cargos para que dicha funeraria realice la inhumación de su familiar sin permitirles participar, conforme les asiste el derecho en la Directiva Sanitaria 087.
2. Asimismo, afirman que su pariente no murió a causa de COVID-19, porque el Med. Intensivista de apellido Quichka, les informó que arrojó resultado negativo a la prueba molecular. Sin embargo, se habría hecho constar en el certificado de defunción que la muerte fue por COVID-19, para permitir que la funeraria “Villa Fe” cobre por los servicios de inhumación, usando un ataud de muy mala calidad.
Indica que ya han remitido el caso a la fiscal adjunta Provincial Gissela Anai Ore Sicha de la 3ra Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huamanga del Ministerio Público, a fin de investigue los hechos, quien ha informado que intervendrá en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito de turno.
Finalmente, David Pacheco, afirmó que al igual que los otros dos casos que han atendido, por quejas similares contra EsSalud, se remitirá este a la Superintendencia Nacional de Salud, para que investigue a nivel administrativo.
Datos.- El viernes, a convocatoria de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho, nos reunimos virtualmente junto a representantes de la Dirección Regional de Salud, EsSalud y Funerarias. En dicha reunión, se les recordó el marco normativo vigente y se les dejó en claro que cualquier omisión o acción abusivas serían denunciadas al Ministerio Público y derivadas a SuSalud, para la investigación administrativa.