La Oficina Defensorial de Ayacucho convocó a una reunión de trabajo a Seda Ayacucho, SUNASS y Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento, con intervención del Consejo Regional de Ayacucho, a fin de abordar la problemática surgida con la facturación del servicio de saneamiento, la que ha ocasionado el reclamo masivo de los usuarios.
En esta reunión la Defensoría del Pueblo recomendó a Seda Ayacucho emitir nuevos recibos pero refacturando los montos por el consumo de agua en mayo, mejorar los canales de comunicación para informar a la población sobre su derecho al fraccionamiento de sus deudas y atención de reclamos, y adoptar acciones de oficio para evitar que la población se exponga su salud al aglomerarse en las instalaciones de la empresa, con el objetivo de exigir una debida atención de sus reclamos.
Durante estos días, la Defensoría del Pueblo ha venido atendiendo los reclamos de pobladores que exigen la disminución del monto facturado por el mes de mayo, quienes también han alcanzado sus quejas al Consejo Regional de Ayacucho.
Como es de público conocimiento, la Empresa Prestadora de Servicio realizó facturaciones del mes de mayo, por el consumo de agua potable, que han sido motivo de reclamos por parte de la población usuaria que las considera desproporcionadas con el consumo regular que hacen en sus hogares.
Seda Ayacucho brinda el servicio a un promedio de 52 mil personas en los distritos metropolitanos de Huamanga y a otras 6 mil en Huanta, diferenciándolo en cinco categorías: social, doméstico, comercial, industrial y estatal.
Fue el Lic. Gregorio Torres, gerente comercial de Seda Ayacucho el encargado de sustentar que las facturaciones corresponden a un incremento en el uso del agua en los hogares, puesto que ha aumentado considerablemente el hábito de aseo personal, especialmente, el lavado de manos, así como el de los productos que se adquieren en los centros de abasto, entre otros. Asimismo, enfatizó que las facturaciones corresponden al resultado de la revisión de medidores que se hizo hace unos días en cada hogar. En todo momento, aseguró que se ha tomado criterios técnicos para determinar los costos que las familias debe pagar por el servicio.
Por su parte, el Ing. Dersi Zevallos, coordinador regional de la SUNASS, informó al ente defensor de derechos que se ha cumplido con supervisar el trabajo desplegado por Seda Ayacucho, concluyendo que se han presentado excesos en el consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional con los que se tenían antes de la cuarentena.
Sin embargo, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco-Villar, y la comisionada a cargo de servicios públicos, Gladys Carhuas, mostraron una serie de recibos que probaban que no sólo se trata de reclamos por los montos facturados, sino también por haber consignado que la falta de pago estaba «afecto a corte», lo cual no sólo constituye un error, como reconoció el funcionario de la EPS, sino una clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia 033-2020, pues: «Los recibos pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, pueden ser fraccionados, por los prestadores de servicios de saneamiento hasta en 24 meses».
Si bien es cierto que varias familias ayacuchanas, no todas, han podido consumir por encima de lo habitual el líquido elemento, ciertamente, el monto facturado no ayuda a cumplir con el objeto del Decreto de Urgencia 036-2020 que es reducir el impacto de la pandemia en la economía nacional y en los hogares en condición de vulnerabilidad económica.
Por su parte la Abg. Marleny Cahuana, coordinadora regional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, exigió el cumplimiento estricto de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.