El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Defensa Pública, asumió legalmente, el pasado 6 de diciembre, los casos de dos jóvenes que denuncian que fueron agredidas sexualmente en la región Ayacucho, e inició una serie de acciones a fin de que las denuncias sigan los procedimientos establecidos.
Los familiares de las jóvenes se acercaron el 6 de diciembre al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, quien se encontraba en Huamanga participando en la última edición de la Caravana de la Justicia, para hacerle conocer de estos hechos y pedirle apoyo. Denunciaron, asimismo, que el imputado es Marco Antonio Jesús Pajares Salirrosas, quien las habría violado el pasado 1.° de diciembre en su propia vivienda.
El MINJUSDH dispuso que el abogado de Víctimas, Alexander Saúl Quispe Taco, se hiciera cargo de los casos, quien a su vez solicitó la evaluación psicológica sobre la afectación emocional de las víctimas; además, ha realizado indagaciones sobre el registro de videos de la Municipalidad y de los domicilios privados, para vincular al autor e identificar a otros presuntos autores.
Asimismo, solicitará la homologación mediante la prueba del ADN de los restos de los espermatozoides encontradas en las agraviadas con los del imputado y otros presuntos autores por identificar. También, pedirá la declaración de los testigos que presenciaron el hecho.
Otras acciones son solicitar nuevamente una inspección fiscal en el lugar de los hechos, con presencia de peritos criminalísticas y psicólogo forense para una impresión psicológica del autor. Igualmente, pericias psicológicas y psiquiátricas de la personalidad psicosexual del imputado.
Adicionalmente, el MINJUSDH brinda soporte emocional a las víctimas por parte de la licenciada Nancy López Human, psicóloga forense de la Dirección Distrital de Ayacucho; y apoyo social con la responsable de Trabajo Social de la Dirección Distrital de Ayacucho, Lidia Domínguez Quispe.
El defensor de Víctimas ha resaltado algunas omisiones por parte del Ministerio Público, como no haber realizado todas las diligencias necesarias, la declaración de los testigos presenciales del caso; la recopilación de los registros de videos; no hizo una inspección en el lugar de los hechos, con apoyo pericial, ni había practicado evaluación psicológica de las agraviadas.
