Ante el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial emitió un comunicado aclarando que se trataba de un error material y que la orden de captura sigue vigente y será renovada cada seis meses.
El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco-Villar, tras tomar conocimiento, hoy por medio de redes sociales, de la noticia que daba cuenta de una suspensión de la orden de captura dictada contra el condenado Adriano Pozo, coordinó la emisión de un pronunciamiento institucional.
En dicho sentido, la Defensoría del Pueblo ha informado:
«Rechazamos la suspensión de condena efectiva que ordenaba la captura de Adriano Pozo, por el delito de tentativa de feminicidio. Esta resolución pone en riesgo a la víctima, Arlette Contreras, y deja una sensación de impunidad ante situaciones de violencia. Demandamos al Poder Judicial que de una vez por todas defina la situación procesal del sentenciado, mientras se dicte la resolución del recurso de apelación, tomando en cuenta la gravedad del hecho y los antecedentes procesales que presenta el acusado. Solicitamos a la OCMA la revisión del caso, puesto que tanto la lectura anticipada como la suspensión de la sentencia favorecen la elusión de la justicia por parte del acusado».
Posteriormente, en horas de la tarde, se difundió un comunicado del Juzgado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia Lima Norte, a través de la cuenta del Poder Judicial en Twiter, aclarando que se trató de un error material y que la orden de captura sigue vigente y será renovada cada seis meses.
Ante esta aclaración, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho expresa su preocupación por estos errores materiales, pues no sólo re victimizan a la víctima, sino también generan un estado de incertidumbre sobre su situación jurídica al propio condenado, lo que merece una sanción administrativa funcional inmediata.
