- Asimismo recomendó a las instancias respectivas aborden de forma inmediata los horarios de atención que mantienen
- Sugirió se realicen audiencias descentralizadas de la IRC
La Defensoría del Pueblo dispuso la remisión de los actuados del caso de Roxana Maribel Torres Mendoza, primer feminicidio ocurrido a inicios de año en la región Ayacucho, a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, a fin de determinar la responsabilidad funcional en que habría incurrido el personal jurisdiccional que no cumplió con notificar oportunamente las medidas de protección expedidas, conforme a lo establecido en la investigación defensorial realizada.
Roxana Maribel Torres Mendoza fue asesinada por el padre de sus cuatro hijos, luego de haber sido agredida previamente a inicios de enero, por pedirle dinero para preparar los alimentos en casa. Pese a que la víctima recurrió a tiempo al Poder Judicial, el oficio con el cual se le comunicó a la Comisaría de Carmen Alto las medidas de protección dictadas para su ejecución, suscrito el viernes 4 de enero, fue notificado el lunes 7 del mismo mes, a las 17:05 horas, cuando el feminicidio ya se ha había consumado. El Juzgado de turno no diligenció la notificación el viernes 4, sábado 5 ni domingo 6 de enero.
La actuación de la Defensoría del Pueblo permitió verificar que el personal jurisdiccional de los Juzgados de Familia de turno no labora los sábados ni domingos. El servidor judicial a cargo de la notificación informó que el personal policial de la Comisaría de Carmen Alto no quiso recibir el oficio el lunes 7 de enero, pues llegó a las 13:20 horas, alegando que su horario de atención es a partir de la 13:00 y hasta las 17:00 horas.
El resultado de la investigación defensorial sobre el caso fue informado por el el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco-Villar, a los miembros de la Instancia Regional de Concertación (IRC) para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Ayacucho en torno a la actuación de los operadores de justicia.
Asimismo recomendó a la PNP, Poder Judicial, Fiscalía y Centro de Emergencia Mujer que aborden de forma inmediata los horarios de atención que mantienen, para la recepción de documentación sobre casos de violencia contra las niñas y mujeres, exhortando que nunca más se le cierre la ventanilla de atención a una víctima.
Finalmente, sugirió que se realicen audiencias descentralizadas de la IRC, en las provincias donde no se han conformado e instalado las instancias provinciales, a fin de que las autoridades locales, servidores públicos y sociedad civil organizada se involucren en esta problemática, proponiendo se realice la siguiente sesión en el distrito de Huancapi, provincia de Víctor Fajardo.
