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EL POLÍTICO, EL TÉCNICO Y EL VIENTO

Lincoln Onofre. Politólogo.
El día de ayer se realizó el debate de propuestas de los candidatos a la región de Ayacucho; este evento fue promovido por la Cámara de Comercio de Ayacucho – CCA. Para quienes asumimos una posición crítica, tenemos la obligación de revisar los planes de gobierno y contrastar con las propuestas; advertir sobre el equipo técnico y político que acompaña a cada uno de los candidatos en cuestión y otros análisis que permitan contribuir con una lectura clara sobre el escenario electoral.
De lo expuesto en el debate, es evidente que se trata de una pugna entre dos enfoques sobre la gestión del gobierno regional. Carlos Rúa admitió ser político y Richard Prado se considera técnico; a la par, rechazan y cuestionan abiertamente el enfoque del oponente. ¿Cómo se traducen estos enfoques en la campaña y las propuestas de los candidatos?
Se trata pues de dos candidatos con liderazgos personalistas – caudillistas. Para el caso de Carlos Rúa, considero que es un político con una organización propia del cual es dueño; mientras que Richard Prado es un técnico sin afinidad política más allá de los formalismos (prueba de ello son las conversaciones con diversas tiendas políticas antes de decidir representar a Qatun Tarpuy). Además, los movimientos en pugna son organizaciones vacías, cascarones que se utilizan en periodos de campaña electoral, inactivas en periodos de gobierno. Samuel Huntington considera que las organizaciones políticas deben cumplir con ciertos requisitos: i) organización interna consolidada y estable; ii) autonomía de decisión, iii) infusión de valor y compromiso (ideología) y, iv) ratificación y apoyo (militancia). A la luz de los hechos, Tanto Musuq Ñan como Hatun Tarpuy no cumplen con estas condiciones.
Esta crisis de institucionalidad partidaria lleva a las contradicciones e inconsistencias entre los planes de gobierno que las mismas organizaciones alcanzaron al Jurado Nacional de Elecciones y la ausencia o escasez de propuestas en los debates. Así, el debate tuvo tres momentos:
En primer lugar, un contrapunteo de acusaciones mutuas que viene desde inicios de la campaña y ha generado el rechazo de los electores durante la primera vuelta. Lo significativo en esta ocasión es que dichos ataques no se concentraron en las redes sociales, ni provienen de simpatizantes o troles; sino, mas bien, son imputaciones de los mismos candidatos. Esta imagen desnudó a los involucrados y al equipo de campaña (técnico y político) que los acompaña. En resumen, mientras ambos grupos pretenden ser los abanderados de la lucha contra la corrupción representado en el actual gobernador regional o de las malas prácticas de partidos políticos como el fujimorismo; el debate evidenció que en ambos bandos existen personas vinculadas a organizaciones y funcionarios que los ciudadanos ansían erradicar.
En segundo lugar, se visibilizó una estrategia de campaña desgastada: la relación entre el candidato y un pasado ligado a la carencia, la falta de oportunidades y el surgimiento de una vida exitosa en medio de la pobreza es propio de la década de 1990, no olvidemos el símbolo y las frases de Fujimori en esos años. Pareciera que –en el imaginario de los candidatos- solo los que padecieron crisis de oportunidades, son dignos de representarnos en el gobierno regional; además, llegan al extremo de caricaturizar la pobreza asociándola a la zona rural y a la condición de quechuahablante.
Tercero, las propuestas presentadas en el debate carecieron de un hilo conductor desde los candidatos. Como manifestaron el moderador y los oradores, se trató de una “lluvia de ideas” que no guardan relación con los temas propuestos por los organizadores, tampoco con sus propios planes de gobiernos; no responden a una propuesta planificada para los cuatro años siguientes y menos a políticas públicas regionales.
Entre las propuestas populistas que manifestaron ambos candidatos está la descentralización del presupuesto institucional a través de la creación de Unidades Ejecutoras y la construcción de hospitales para cada provincia; sobre lo primero, existe evidencia que la descentralización del presupuesto en los términos planteados perjudicaría la ejecución de proyectos estructurales, pues el presupuesto sería limitado; además, colisionaría con los gobiernos locales, generando futuros escenarios de conflicto y ampliando nuevos espacios para la corrupción local – territorial, escenario complicado para una fiscalización oportuna. Así también, implementar hospitales en cada provincia no es viable al menos por dos motivos, la población de las capitales de varias provincias no justifica la construcción de un hospital; además, si se pudiera costear la infraestructura, el recurso humano estaría a cargo del gobierno regional.
Otra propuesta que debemos advertir es la seguridad ciudadana; ambos candidatos consideran que este problema público se resuelve con la represión. Apelan al uso de la fuerza a través de las fuerzas del orden (ejército), la incorporación de los “licenciados” y los Comités de Autodefensa – CADs. Este enfoque represivo ha perdido vigencia en el mundo, se requiere de respuestas preventivas e integrales que no se reducen a sacar más uniformados a las calles; no vivimos y debemos vivir en un “Estado de emergencia”.
Por otro lado, se presentaron propuestas que no tienen asidero en la realidad. Por ejemplo, Carlos Rúa plantea la construcción de teleféricos como un medio de transporte público y evoca a ciudades como La Paz en Bolivia. En primer lugar, el transporte urbano está bajo la competencia de los gobiernos locales y los teleféricos no son adecuados para un medio de transporte masivo y cotidiano. La solución al transporte urbano corresponde a la autoridad locales y no está en los aires, sino en la tierra.
Richard Prado apela a la capacitación docente y la construcción de laboratorios, sin embargo, sus propuestas se limitan a describir actividades, no nos presenta un escenario de cambios u objetivos que justifiquen esas actividades. Sus propuestas sobre la descentralización de la universidad evidencian la falta de claridad sobre las funciones que competen al gobierno regional, las universidades son autónomas.
Los argumentos de “gente nueva vs gente antigua” o “continuismo VS renovación” son falacias. El primero porque al revisar la lista del equipo que acompaña a los movimientos, se evidencia que los nuevos del mañana ya tienen experiencia en el gobierno regional de Ayacucho en la actual gestión y otras gestiones previas; en el segundo caso, al momento de las acusaciones presentaron la relación (con nombres y apellidos) de quienes forman parte del continuismo. ¿Dónde está la renovación?
Finalmente, del debate de ayer, considero que –comparativamente- el político Carlos Rúa tiene mejores elementos para formular políticas públicas; ha desarrollado un conjunto de objetivos más o menos claros; pero no logra comunicar cómo hará lo que propone. El técnico Richard Prado, tiene mejores elementos para describir una ruta de acciones estratégicas, pero tiene problemas para describir los objetivos que logrará con esas acciones. Un ejemplo de ello fue la propuesta sobre el desarrollo económico, ambos coinciden en la necesidad del desarrollo agrario; el político habla de una “revolución agraria” es decir, promete un cambio, pero no dice cómo se hará esa revolución; en cambio, el técnico nos ha detallado una cadena de valor: Agua, banco de semilla, certificación, parque industrial, asociatividad, segmentación agraria, reconversión productiva; sin embargo, no contextualiza el problema público.
Entonces, pareciera que se trató de un conjunto de enunciados y buenas intenciones que solo el viento sabrá a que puerto llevar.




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