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UN ACTO MÁS DEL PRONTUARIADO GOBERNADOR REGIONAL

Mediante un Certificado de Adjudicación de Terreno del Estado de Propiedad del Gobierno Regional, de fecha 22 de junio del 2018, documento que dicho sea de paso aún no es oficializado mediante su entrega y publicación, pretenden el Gobernador Regional Wilfredo Oscorima cometer una fechoría más de las que ya nos tiene acostumbrado.

Se trata de un Certificado de Adjudicación de un total de 12 mil 269.3 hectáreas ubicado en el sector Predio Yanamilla A y parte de la Hoyada Lote 1, en favor de Oscar Napoleón Mujica Cacho, César Mujica Cacho y un tal Brisas. Todo esto dentro del Programa Regional de Vivienda Digna para Ayacucho, PROVIA. Nótese que la adjudicación se hace a título de personas (de forma individual), pese a que en la misma certificación se admite la existencia de una Asociación Pro Vivienda César Mujica Cacho, inscrita en la SUNARP con Parida Nº 11066673, y que en realidad se trata de un sector creado por una serie de invasiones, situación que el Gobernador Regional pretende utilizar como campaña electoral, de seguro en favor de algún candidato proclive a éste tipo de estafas, puesto que se tiene la información que ésta certificación se hará pública en los próximos días, justo antes del proceso electoral.
La citada certificación resulta ilegal y configura delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad por parte del Gobernador Regional, todo ello por lo siguiente:
– De acuerdo a la Constitución Política en su artículo 191 establece que los Gobiernos Regionales deben coordinar con las Municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. En la misma carta magna, se establece en el artículo 195 numeral 6 que entre las competencias exclusivas de las Municipalidades es la planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. Dicho esto el Gobierno Regional no tiene competencia constitucional para la urbanización y por ende la certificación de predios destinados al uso de vivienda.

– De acuerdo a la ley 30013 del 28 de abril del año 2013, se establece la demarcación y organización territorial de la Provincia de Huamanga en el Departamento de Ayacucho. En dicha ley se establecen los límites territoriales del Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, por lo tanto a partir de su publicación, debieron todas las instituciones públicas de alcance nacional y regional, realizar las transferencias de predios y terrenos eriazos, en favor de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, toda vez que conforme a ley, dichos predios se incorporaron a su jurisdicción. A falta de ésta transferencia por parte del Gobierno Nacional y Regional, debió la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, iniciar su trámite de adjudicación y saneamiento físico legal de su territorio. Pero al margen de éste formalismo administrativo, resulta que el Gobierno Regional ya no ejerce la titularidad, esto por mandato de una ley de jerarquía superior, vigente desde el 28 de abril del 2013. Por lo tanto no tiene facultad de enajenación o adjudicación en favor de terceros.
– Es competencia exclusiva de las Municipalidades conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, artículo 9, 56, 79 y 89, la aprobación de planes de desarrollo urbano, la propiedad de bienes transferidos por el Gobierno Nacional y la necesidad de aprobación municipal de todo proyecto de transferencia, cesión en uso para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos.

– A todo lo dicho se tiene que conforme al artículo 15, literal i, de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que dentro de las atribuciones del Consejo Regional, está la de Autorizar la Transferencia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional. El Gobernador Regional, por cuenta propia no puede transferir, enajenar o adjudicar bienes del Gobierno Regional. Por lo tanto, un acto de certificación como el descrito líneas arriba, configura delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

No cabe duda que el Gobernador Regional pretende una vez más engañar a la población, con actos ilegales y con el único propósito de comprar votos para cierto candidato auspiciado por él, y también quiere asegurarse un bolsón electoral para sus propias ambiciones políticas.

El tratamiento del saneamiento físico legal de predios que han sido objeto de invasiones, requiere de un análisis jurídico y social, el mismo que permita la adopción de medidas que estén dentro del marco legislativo. Engañar con éste tipo de actos fraudulentos no hace más que empeorar la precaria situación de familias que viven en dichos sectores y sin reparo alguno, se aprovechan de sus necesidades. Ésta forma de hacer política es la que nos conduce a la degeneración actual que vivimos.

Esperamos que el Consejo Regional tome cartas en el asunto y que el Municipio Distrital de Andrés Avelino Cáceres establezca una posición al respecto, toda vez que es un problema dentro de su jurisdicción y ante la cual no puede guardar silencio cómplice del engaño. Asimismo instituciones como el Jurado Especial Electoral y la Defensoría del Pueblo deben establecer su posición al respecto.




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