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– PROPUESTAS POPULISTAS PARTE III: LA NO REELECCIÓN INMEDIATA DE CONGRESISTAS

-por futuroyopinion

Por Luis Larrea.

Mediante Proyecto de Ley Nro. 3187/2018-PE, presenta el Poder Ejecutivo la propuesta legislativa para reformar el artículo 90 de la Constitución Política del Estado, el mismo que sería modificado en su última parte con el siguiente agregado: Los congresistas no pueden ser reelegidos de manera inmediata para un nuevo periodo”. Esta propuesta legislativa, desnuda de cuerpo entero el cálculo político del Poder Ejecutivo y el uso de la amenaza de un referéndum, en un tema que como es la reelección, cuya manipulación obedece a la intensión de desviar la atención de la gente de temas que son las cusas de los problemas de gobernabilidad del país, como son la corrupción dentro del estado y la falta de ciudadanía activa, producto del debilitamiento de los sindicatos y organizaciones de base.

Siendo la no reelección de congresistas un tema relacionado a la propuesta de bicameralidad, ambas propuestas debieron ser elaboradas y presentadas de forma conjunta, a fin de evitar las incongruencias y contradicciones en la que incurren. Por ejemplo por un lado se propone una bicameralidad y por otro lado se propone la no reelección de congresistas, sin hacer distingo entre diputados y senadores, pese a que el propio Poder Ejecutivo admite en su propuesta de bicameralidad que la reelección de diputado es posible, siempre y cuando éste se postule a una senaduría, pero no a la inversa. El cálculo político del Poder Ejecutivo, es que si se cae las propuestas de bicameralidad y financiamiento prohibido, por las inconsistencias que presentan, pues utilizará la propuesta de no reelección como bandera de lucha, en un proceso de sobrevivencia frente al Poder Legislativo, y la propia demanda social, la misma que una vez que se enfríen estos ánimos de referéndum, comenzará a exigir resultados.

1.- Errores de la propuesta

Tanto fue el apuro del Poder Ejecutivo en presentar éste Proyecto del Ley, que sus asesores no se percataron que el artículo 1 del citado Proyecto de Ley, no tiene nada que ver con la propuesta que se plantea, pues dicho objetivo establece lo siguiente: La presente Ley tiene por objeto reformar parcialmente la Constitución Política de la República a fin de constituir un modelo bicameral en el Congreso de la República, conformado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores (el resaltado es nuestro), y como se podrá apreciar no tiene nada que ver con la propuesta de prohibir la reelección de congresistas de forma inmediata para un periodo nuevo.

La falta de coherencia con la propuesta de bicameralidad, la misma que establece dos cámaras, convierte a ésta propuesta de no reelección, que se refiere en términos generales a “congresistas”, en una iniciativa contradictoria a las intenciones del proponente Poder Ejecutivo, y se tendrá que escoger entre una de dos. Digamos que se apruebe la modificación de éste único artículo 90, ya no se podrá aprobar los 47 artículos propuestos en el Proyecto de Ley de Bicameralidad, debido a que el citado artículo 90 establece un congreso unicameral.

2.- La falta de argumentos sólidos

La propuesta legislativa se sustentan en un argumento meramente comparativo, y afirma que existiendo la no reelección del Presidente de la República, Gobernadores Regionales y Alcaldes, pues es lo “justo” que los congresistas también sean pasibles de la prohibición de reelegirse para un periodo inmediato. La omisión constitucional sobre la reelección de congresistas, según la fundamentación del propio Poder Ejecutivo, resulta contradictoria y rompe el esquema previsto para las demás autoridades de “elección popular y directa”. La sola comparación no resulta correcta, pues el problema de fondo no es la propia elección de autoridades, sino el abuso de poder, el robo de recursos estatales y la falta de cumplimiento de planes de gobierno. Por lo tanto, el hecho de prohibir la reelección no afecta la calidad de representantes, ya que esto es el resultado de la calidad de electores. En lugar de compararse con otras autoridades, se debería analizar si esas limitaciones vigentes para dichas autoridades, son justificadas por el incremento de gobernabilidad y la reducción de la corrupción. Una mirada retrospectiva nos permite concluir que dichas limitaciones no han surtido los efectos esperados.

Pese a la no reelección inmediata del Presidente de la República, y la reciente prohibición de reelección inmediata de los Gobernadores Regionales y Alcaldes, se tiene el procesamiento penal de los últimos tres Presidentes de la República (uno aún fugitivo y dos con procesos abiertos), igualmente una cantidad de Gobernadores Regionales y Alcaldes procesados y condenados por delitos de corrupción de funcionarios. La no reelección no ha disminuido los niveles de corrupción, ni mucho menos ha mejorado la gobernabilidad. Existe abundante investigación social que demuestran que la no reelección no produce una reducción de la corrupción estatal. Estos estudios demuestran, por el contrario, que la no reelección eleva los niveles de agresividad en la corrupción estatal, puesto que una autoridad elegida cuenta sólo con un periodo para hacerse de fondos ilegalmente, ejecutando todos los proyectos disponibles, sin tener en cuenta la disponibilidad fondos y las prioridades sociales. Para algunos investigadores la posibilidad de una reelección representa un incentivo para mejorar su gestión y ganar algo de credibilidad y por ende se produce una “auto” disminución de los niveles de corrupción. En suma, la no reelección no es una medida efectiva para disminuir los niveles de corrupción, además que como pasa en la actualidad, autoridades corruptas se siguen presentando a otros municipios e incluso al mismo distrito pero ya no como Alcalde, sino como Teniente Alcalde, manteniendo las estructuras de poder corruptas.

3.- Principio de alternancia en el poder

La alternancia en el acceso al poder no es algo que las autoridades electas disponen libremente, sino que es algo que surge de la voluntad popular. La alternancia esta sustentada en el derecho al sufragio, el cual es ejercido responsablemente por los electores. Pensar que la alternancia en el poder radica en la posibilidad de reelegirse es un error. Si una autoridad se mantiene en el poder, mediante el aprovechamiento de los recursos estatales, es un asunto que tiene que ver con los delitos de corrupción de funcionarios y dentro de ese marco ser procesado y condenado. El mantenerse en el poder mediante el ejercicio abusivo del cargo nada tiene que ver con el principio de alternancia, que como lo dije antes, éste principio yace en la voluntad popular, el cual se expresa mediante el ejercicio del derecho al sufragio. La inversión en la educación, el fortalecimiento de organizaciones de base, la eficiencia de los mecanismos de control y juzgamiento de autoridades corruptas si tienen un efecto directo en la calidad de autoridades y permite la alternancia en el sistema democrático. La alternancia debe ser entendida como un elemento fundamental de la gobernabilidad y el sistema democrático, es un error pensar que la alternancia es sólo cambiar de personas, pese a que el sistema democrático, la gobernabilidad y la institucionalidad se mantiene en crisis.

A todo lo dicho, la presente resulta una propuesta populista que no ataca las causas reales de la corrupción estatal, la gobernabilidad y la institucionalidad. Sólo busca aprovecharse mediáticamente de un contexto en el cual la calidad de representantes al congreso es de las más bajas, pero que el problema no es la reelección, como tampoco lo es en el caso de Presidentes de la República, Gobernadores Regionales y Alcaldes. La no reelección eleva el nivel de agresividad de los corruptos. En lugar de presentar medidas populistas, es necesario un análisis más serio de las causas reales de la corrupción estatal. Sin éste análisis y medidas coherentes, y de aprobarse ésta medida populista lo que tendremos en los próximos años serán nuevos ladrones avezados y agresivos que se inauguran como delincuentes en cada proceso electoral y terminan su carrera política con sentencias condenatorias por delitos de corrupción de funcionarios, obviamente siempre y cuando el sistema judicial funcione adecuadamente.




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