Por Luis Larrea
Si por algún momento se pensó que el sistema judicial peruano, estaba a la altura de las circunstancias para investigar y juzgar los complejos y gigantescos casos de corrupción entre empresas de la construcción (Odebrecht, OAS y otras nacionales) y funcionarios y autoridades del gobierno en todos sus niveles, así como representantes al Congreso, la difusión de los recientes audios que involucran Jueces Supremos, Presidente de Corte y Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, que tiene la delicada función de nombrar, ratificar y destituir jueces, fiscales y presidentes de entes como al de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, demuestra que el sistema de justicia no esta libre de corrupción, y menos que tenga la calidad de ser una vacuna contra éste cáncer social.
Los arreglos y recomendaciones para la obtención de un puesto importante en el sistema de justicia no es una sorpresa para nadie. Es tradición y norma en la burocracia peruana ser un recomendado, y los que entra por concursos limpios no duran, pues el sistema infectado del cáncer de la corrupción los expulsan. Los audios demuestra que todo aquello de exámenes de conocimientos y entrevistas rigurosas no son más que apariencias, y que en el fondo todo se consegue con recomendaciones, contactos, pagos y favores. Todos estos años de reforma judicial y de la llamada carrera judicial ha sido una excusa para fortalecer las redes de corrupción. La medida de crear un súper órgano como es el CNM, como supuesta medicina contra la corrupción, ha resultado ser su principal promotora. No cabe duda que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los audios también demuestran que la propia administración de justicia es una mercancía de intercambio. Los casos judiciales son motivos de favores y la balanza se inclina no en base a principios rectores del derecho o el debido proceso, sino por el peso del dinero, los favores y por el hecho de ser parte del club de los «mejores amigos». Toda esta podredumbre no es nueva, ya en el 2011 el profesor Jaris Mujíca publicaba su libro » Micropolíticas de la Corrupción; redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia (Asamblea Nacional de Rectores. Instituto de Estudios Universitarios “José Antonio Encinas)”, en la que detalla todos los procedimientos corruptos que se daban en el Palacio de Justicia. Transcurrido casi siete años, ninguna autoridad del Poder Judicial ha tomado en serio éste valioso trabajo, y menos ha adoptado medidas de mitigación para prevenir y luchar contra la corrupción. De seguro que muchos en el Poder Judicial no han leído el trabajo del Profesor Mujíca, o en caso de haberlo leído, lo ignoran, pues como todo ladrón es preferible ignorar su condición de tal.
Los audios confirman la forma de acceder a puestos y los criterios para administrar justicia. Muchos dicen que no se debe generalizar y yo no estoy de acuerdo, pues todo lo que los audios ponen en evidencia es cosa conocida en el sistema judicial, y aquél que calla y «sólo hace su trabajo» o «cumple con su función» sin denunciarlo, es igual de culpable que aquél que comete actos de corrupción. De seguro que en los próximos días saldrán las «vírgenes silenciosas» de la corrupción en el Poder Judicial, a denunciar todo lo que ya se sabe y tratar de «desligarse», pero a los ojos de la opinión pública, todos sin excepción están manchados con el lodo de la corrupción,. Pues todo lo que se conoce ahora es gracias las publicaciones de medios de comunicación, y no por acto propio de la «vírgenes silenciosas». De nada sirve denunciar o gritar ahora, si cuando se cometían actos de corrupción prefirieron cobardamente el silencio, ya que así aseguran sus puestos de trabajo, sus remuneraciones, y por supuesto sus cuotas de poder.
Estoy convencido de que se nos acabó la reserva moral. Los jóvenes profesionales no pueden entrar de forma limpia y transparente a la burocracia y al sistema judicial. Los universitarios están convencidos de que más vale un buen contacto o un buen padrino, que unas buenas calificaciones. El sistema político y judicial perverso, en el que se mezclan abusos de poder, lavados de activo, negociaciones ilegales e incluso narcotráfico, no puede generar las condiciones para que los mejores profesionales y los más destacados estudiantes accedan a la burocracia. El agua busca su nivel. Autoridades elegidas mediante la compra de voluntades y mediocres por cualquier lado que se los vea, no querrán trabajar con profesionales íntegros y capaces. Prefieren lobbistas y esos que «arreglan los asuntos» de forma rápida y corrupta, que dicho sea de paso es un forma eficiente de hacerse de dinero y poder.
No es posible curarnos del cáncer de la corrupción mediante comisiones de investigación congresales, peticiones gubernamentales o investigaciones a cargo del Poder Judicial y el Ministerio Público, que dicho sea de paso no actúa de forma colegiada ni coherente, pues por un lado inicia una investigación y busca recabar pruebas, intimidando al medio de comunicación (IDL-reporteros) que publicó los audios del escándalo, mediante una diligencia fiscal de decomiso de materiales, diligencia que dicho sea de paso fue suspendida pues no tenían orden alguna. Además llama la atención que vayan al medio de comunicación, cuando se trata de escuchas telefónicas judicialmente autorizadas y todo el material lo tiene la propia Fiscalía. La Fiscalía no está definitivamente a la altura de las circunstancias para investigar casos de corrupción, así lo ha demostrado en el caso Odebrecht y ahora con éste caso de audios. O será que no hay capacidad de investigar o será que los favores aún están pendientes de pago.
La alternativa más eficiente, si queremos combatir la corrupción, es solicitar a la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, la misma que se constituya tomando en cuenta las experiencias en Guatemala y Honduras, puesto que como toda obra humana, siempre hay posibilidad de mejorar, superando los errores y fortaleciendo los aciertos. Dejemos que una comisión internacional, integrada por gente altamente especializada y libre de la contaminación local, colabore en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción, fortaleciendo las instituciones que conforma el sistema de justicia nacional. De otra manera seguiremos con héroes y villanos que cambian de roles, permitiendo no sólo que las redes de corrupción sobrevivan, sino que se fortalezcan aún más.