Por Luis Larrea
A pesar de que el 14 de septiembre del 2017 se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM y recientemente el 26 de abril del presente año se aprobó el Plan Nacional Anticorrupción mediante Decreto Supremo 044-2018-PCM, la corrupción estatal sigue creciendo y cada vez es más fuerte. Estos documentos legales establecen la obligación de que todas las instancias estatales adopten medidas para prevenir la corrupción, gestionar los riesgos de corrupción y fortalecer la capacidad de sanción del estado. Se establecen áreas prioritarias como es el caso de sistema de justicia, los contratos públicos, las ejecuciones de obras y el sistema electoral. Una de las finalidades del marco legal es promover la cultura de la denuncia, y es justamente aquí que se tiene el mayor fracaso, pues nadie se atreve a denunciar y su silencio representan una forma de sobrevivir en el mercado laboral.
Hace uno días la hoy ex-funcionaria de la ONPE, Susana Guerrero, denunciaba en los medios de comunicación, las irregularidades cometidas en la inscripción del Partido «Podemos», irregularidades que implicaban actos de corrupción y afectaban severamente la credibilidad de la ONPE como ente rector y garante del sistema electoral peruano. Se denunciaba además favoritismo y trato preferencial al representante de éste partido, que dicho sea de paso estuvo implicado hace unos años en la denuncia de planillones electorales falsificados, es decir, un conocedor de las formas oscuras e ilegales dentro del sistema electoral.
La valentía de denunciar actos de corrupción, devuelve la esperanza de creer que existe una reserva moral en las instituciones, pero esta esperanza se muere cuando las consecuencias de la denuncia es la expulsión del denunciante, que como en el caso de Susana Guerrero y otros cientos de funcionarios que se atrevieron a cruzar esa delgada línea entre la integridad y la complicidad, sufren los efectos de quedarse sin trabajo. Qué distinto fuese la burocracia peruana, si ésta estaría compuesta en su mayoría por personas integras y convencidas que la denuncia es una forma eficiente de luchar contra la corrupción estatal, si dentro de los méritos para ingresar a un puesto de trabajo en el estado se tendría la capacidad de denunciar y la experiencia de haber puesto en evidencia actos de corrupción estatal. Pero la realidad es todo lo contrario, quienes están y domina el sector público son los corruptos, que se conocen de memoria los vacíos legales y los procedimientos «ágiles» para obtener beneficios personales y grupales. Están también aquellos que guardan un silencio cómplice, como único medio para preservar su trabajo y sobrevivir en un mercado laboral donde la oferta de mano de obra es alta, al igual que el desempleo, donde obtener un puesto de trabajo no tiene nada que ver con la capacidad ni la meritocracia, sino con la sujeción a redes de corrupción que domina el sector público, y están incluso dispuestos a pagar parte de sus salarios a los corruptos «dueños» de las entidades estatales. En éste contexto la denuncia es un acto de ofensa a los corruptos y pone en peligro sus estructuras criminales, por lo tanto aquél que denuncia debe ser expulsado.
Hace unas semanas se anunciaba con gran pompa mediática que el Perú cuenta ahora con un marco legal efectivo en la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que hay un marco legal, pero éste no pasa más de una apariencia o discurso populista. La verdad de los hechos es que no hay voluntad política de luchar contra la corrupción. Qué interesante sería si el Presidente del Poder Judicial, quien se llena la boca nacional e internacionalmente que hay un lucha frontal contra la corrupción, se avoque al caso de Susana Guerrero y de otros tantos que por su valentía de denunciar se quedaron sin trabajo. Qué bueno sería si el Presidente Vizcarra promueva la contratación de personas que se atrevieron a denunciar probados casos de corrupción, y empiece a llenar la burocracia peruana de gente integra. Qué bueno fuese que la misma Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se avoque a estos casos y promueva mecanismos de premiación a funcionarios que se atreven a denunciar casos de corrupción. Pero de seguro no han de decir nada, y con su silencio cómplice defenderán las redes de corrupción en el estado. De nada sirve tener leyes modernas, si quienes están llamados a vigilar su aplicación promueven con su silencio la permanencia y el fortalecimiento de redes corruptas en el estado.
Lamentablemente seguimos perdiendo la lucha contra la corrupción, y con ella seguimos perdiendo funcionarios y funcionarias valientes e íntegras. Una burocracia manejada por redes corruptas y compuestas por funcionarios cobardes no se cambia con leyes sino con actos concretos de erradicación.
Foto: Peru21
