Por Luis Larrea
El reciente fallo absolutorio de la Sala Penal de la Corte Superior de Ayacucho, la misma que absuelve a un procesado por los delitos de tentativa de feminicidio y de violación sexual, y además de forma incongruente sentencia al absuelto, a pagar una reparación civil de 100 mil soles, ha desatado una serie de críticas, tanto de las instituciones como la Defensoría del Pueblo y de los políticos, que muchos no son más que oportunistas a la espera de incidentes, y tratan de figurar en los medios y hacerse de cierta popularidad, haciendo eco de la desgracia ajena.
Pero vayamos al fondo de éste cúmulo de críticas, que por momentos pretende convertir a la justicia en un proceso de linchamiento de brujas, como lo fue durante la edad media, cuando los conocimientos y las valoraciones eran muy limitadas, en comparación a los recursos y las estructuras con las que se cuenta en los días actuales. Y debemos partir por constatar que éste linchamiento mediático, institucional y político se produce por la falta de profesionalismo, de quienes se ejercen el poder ded administrar justicia, aplicando las leyes y valorando las pruebas.
La administración de justicia no se limita a la aplicación mecánica de leyes. El juzgado no es una mesa de partes y la justicia no es de procesamiento. La administración de justicia implica un ejercicio responsable de la profesión, requiere de profesionales meticulosos y ávidos de construir una sentencia muy bien fundamentada, la misma que además de estar acorde con la legislación vigente, debe tener argumentos muy sólidos, capaces de convencer a la sociedad. La sociedad conoce de titulares y medios de comunicación, que muchas veces reemplazan a la labor de juez y declaran mediáticamente la culpabilidad o la inocencia de una persona, sin un debido proceso. A esto se le suma la falta de credibilidad del sistema de justicia, el mismo que lo integran, jueces, fiscales, policías y abogados, y los peritos cuya labor es de vital importancia para una correcta administración de justicia. En éste contexto resulta aún más importante la labor profesional y dedicada de un juez, pues además de aplicar leyes, debe valorar las pruebas asegurando su independencia y sustentando su sentencia en conocimientos científicos, en la lógica y la experiencia.
La vergonzosa sentencia de la Sala Penal de la Corte de Ayacucho, culmina todo un proceso de investigación y juzgamiento, de la forma más humillante para un juez. En el punto 11.2 responsabiliza al Ministerio Público de una deficiente actuación, es decir, que los jueces consideraban que otro debió ser el desenlace, pero no tuvieron la valentía de decirlo, y adelantándose a la avalancha de críticas que su sentencia mal argumentada generaría, pues le echan toda la culpa al representante del Ministerio Público. Estos jueces no dijeron ni hicieron nada, pese a que las deficiencias eran notorias durante le juzgamiento. Por ejemplo se tiene las contradicciones de los médicos peritos, quienes en un primer informe dicen que hubo dígito presión en el cuello de la víctima, y luego el mismo perito afirma que tal presión no hubo. Se conocía que las pruebas entregadas por la víctima, se realizaron 5 días después de los hechos, y por lo tanto se ponía en duda su autenticidad. Pero la pregunta de fondo es ¿Qué hicieron los jueces para acercarse a la verdad?
De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, se tiene un modelo acusatorio garantista, en el cual el Fiscal tiene el rol de Director de la Investigación, y es quién plantea el caso mediante su teoría del caso, la misma que la sustenta en el proceso de juzgamiento. Pero el principal interesado de que un caso se resuelva de forma correcta y justa, es aquel que firma la sentencia, esto es el juez. El Juez tiene herramientas procesales como la establecida en el artículo 385 del Código Procesal Penal, la misma que lo faculta para actuar pruebas de oficio. El presente caso ameritaba el ejercicio de ésta facultad, pues las verdad procesal, aquella verdad que se construye en el proceso, distaba cada vez más de la verdad de los hechos, la misma que es mostrada de forma parcial en un video que registra la agresión. Ésta verdad parcial, la misma que constitye una prueba indiciaria, necesitaba se complementada, a fin de que la resolución final contenga argumentos sólidos. La falta de congruencia en los peritos las deficiencias de la actuación fiscal, implicaban situaciones que afectaban severamente la calidad del juicio penal. Los jueces no podían y debían mantener un silencio cómplice, y peor aún malograr su propio trabajo, pues como se tiene ahora, han emitido una sentencia objeto de críticas muy duras.
Los jueces de ésta Sala Penal malentienden el principio de imparcialidad, el cual consideran erróneamente como el equivalente a la neutralidad. Esto no es así, la imparcialidad implica actuar con objetividad, y para actuar con objetividad el juez debe estar más cerca de la verdad. Un juez neutral implica una mesa de partes, frente a la cual se comete una serie de actos de impunidad o de castigo a inocentes, y aduciendo que es «imparcial» promueve una injusta administración de justicia.
La correcta y oportuna administración de justicia requiere de profesionales dedicados, meticulosos, y perseverantes en la búsqueda de verdad, la misma que les permite resolver casos con argumentos sólidos y convincentes. La avalancha de críticas y el desprestigio de la administración de justicia, especialmente del Poder Judicial, lo propician estos «jueces neutrales», que con su actuar irresponsable le hacen tanto daño al sistema de justicia. Hace falta jueces proactivos, quienes dentro del marco de un debido proceso, asumen la responsabilidad de llevar un caso, de forma tal que no permita impunidad y castigo injusto, corrigendo a tiempo las deficiencias que se presenten en el proceso penal.
No pretendo condenar a una persona sin un debido proceso, no quiero ser parte del linchamiento mediático y político, lo que si pretendo es poner en debate la calidad de justicia que se tiene. No estoy de acuerdo con «jueces neutrales», pues con estos jueces, la justicia seguirá siendo un castigo para las víctimas, una impunidad para los autores y muchas veces una condena injusta para los inocentes. Es mi esperanza que esta calidad de jueces sean separados o los reubiquen en las oficinas de Mesa de Parte, pues eso es lo único que hace bien, pues no tiene la capacidad profesional de conducir responsablemente un caso penal. Esperemos que una segunda instancia corrija los errores de valoración y apreciación señalados por instituciones como la Defensoría del Pueblo, y si han de absolver, pues que lo hagan con argumentos convincentes, y basta de jueces neutrales, quienes detrás de una escritorio con la biblia, el crucifijo y la bandera nacional, esconden su incapacidad y dejan pasar la impunidad y el castigo injusto.
