Norma se aplicará desde las próximas elecciones provinciales y regionales del 2018.
El Congreso de la República aprobó ayer un proyecto de ley que impide postular a cargos de elección popular a personas con sentencia firme por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación a la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, peculado y colusión. El impedimento no aplica para las personas que fueron indultadas.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 77 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones tras recoger las propuestas de diversas bancadas parlamentarias. Solo votaron en contra Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén. La iniciativa de ley fue exonerada de segunda votación, lo que permitirá acelerar su envío al Ejecutivo, que tiene la potestad de observarla o promulgarla.
Debate previo
La propuesta inicial, a cargo de la bancada de Fuerza Popular, solo prohibía que los sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo postulen a cargos de elección popular. Esto originó un intenso debate en el Pleno.
Parlamentarios de Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular se enfrentaron a la bancada fujimorista al solicitar que la prohibición se extendiera a condenados por corrupción, narcotráfico y violación sexual. Antes de dar su brazo a torcer, la bancada fujimorista argumentó que su propuesta podía votarse de inmediato y sin modificaciones “para demostrarle al país firmeza en la lucha contra el terrorismo”.
Como alternativa, el fujimorismo propuso que la prohibición para postular a cargos públicos a corruptos, violadores y narcotraficantes se debata en otra ocasión. Pero esta opción solo recibió el respaldo de la bancada aprista.
Los parlamentarios de otras bancadas, entre ellos Yonhy Lescano (Acción Popular), María Elena Foronda (Frente Amplio), Indira Huilca (Nuevo Perú) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso) consideraron que era necesario realizar modificaciones a la propuesta legislativa de manera inmediata. “Así como no queremos terroristas (en cargos de elección popular), no queremos corruptos”, argumentó Richard Acuña.
“Estamos de acuerdo con la propuesta (de prohibir la postulación de condenados por terrorismo y apología al terrorismo), pero creemos que se ha quedado corta”, explicó por su parte la legisladora Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio).
Buscan impedir que sentenciados trabajen para el Estado
El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que busca impedir que trabajen para el Estado los sentenciados por terrorismo, corrupción, lavado de activos y delito contra la administración pública.
La propuesta también obliga a los deudores de la reparación civil a informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado -ente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)– su domicilio real y su actividad económica.
