Raúl Vegas Morales
Se encuentra en Lima Eugenio Curia, presidente del Grupo Acción Financiera Internacional Latinoamericano (GAFILAT), organización encargada de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel de América y el Caribe. Su visita obedece a la evaluación que será sometida Perú sobre el cumplimiento de las recomendaciones en la prevención de lavado de activos.
GAFILAT encuentra una coyuntura activa en el país, fundamentalmente con agentes políticos. De un lado, la fiscal Sara Villar mediante polémica resolución archivó la investigación que se realizaba al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori por lavado de activos. El argumento es que no se podía demostrar el origen ilícito de la fortuna de Ramírez, otrora cobrador de combi y hoy multimillonario que “extravió” en un taxi los documentos contables de todas sus empresas. Es necesario recordar que la fiscalía inició las investigaciones al detectar un desbalance patrimonial de 7 millones de dólares en la fortuna de Ramírez.
La procuraduría apeló contra el archivamiento solicitando su revisión por parte de un fiscal superior, esperando se incorpore en la investigación los movimientos bancarios de la corporación Ramírez que no habían sido tomando en cuenta.
De otro lado está la decisión fiscal de investigar a Keiko Fujimori bajo la ley del crimen organizado, que ha generado protestas de los fujimoristas: Keiko convocó a una conferencia de prensa y calificó la investigación de un atropello del Ministerio Público y con tono amenazante dijo que no iba a permitir más “atropellos”. Sus seguidores han clamado al cielo denunciando persecución política y perjuicio con vista a las elecciones del 2021. Recordemos que con cinco cocteles Fuerza Popular reportó ganancias por 4 millones 384 mil soles.
También está la investigación a Alan García, su ex esposa, 4 de sus ex ministros y otras personas vinculadas, bajo la ley del crimen organizado. El fiscal presenta la hipótesis que sindica a García como el cabecilla de una banda criminal de tres niveles unida bajo el código de honor siciliano, la ley del silencio conocida entre las mafias como omertá, que se encargaba de lavar activos producto de “actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros”
Finalmente está la negativa del presidente Kuczynski de declarar ante la comisión Lava Jato del Congreso que investiga las coimas en la ejecución de la interoceánica donde el ex presidente Toledo es el principal inculpado. Kuczynski calificó a la comisión de circo, hecho que no gustó para nada a los fujimoristas. PPK fue premier y ministro de economía en el gobierno de Toledo acusado de recibir 20 millones de dólares de coima.
Con ese panorama, el trabajo del Grupo Acción Financiera Internacional GAFILAT, no será para nada aburrido en Perú.