Uno de ellos fue también funcionario en la gestión Oscorima
La Abog. Lidia Cisneros Alarcón del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, logró que el Magistrado John B. Pillaca Valdez del Segundo Juzgado Unipersonal de Huamanga, sentenciará a Mario César Pizarro Quispe, en calidad de coautor; de Hermán Jesús Briceño Figueroa, Elí Federico Córdova Vilela y Zoila Mercedes Fuentes Reina Farje, como cómplices primarios, a cinco años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por tres años por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, en agravio del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) – Estado, por lo que se encuentran con orden de captura desde el momento de su condena.
La citada fiscal también consiguió sentencia contra Mesías Helí Julca Trisolini a cuatro años de pena privativa de libertad, con carácter suspendido, siendo el periodo de prueba de tres años e inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, periodo en el cual Julca Trisolini deberá seguir ciertas reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización judicial y comparecer mensualmente al local del juzgado a fin de justificar sus actividades, bajo apercibimiento de revocar la pena condicional por pena efectiva en caso de incumplimiento.
De acuerdo a investigaciones, en noviembre del 2006, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PECS) convocó a un proceso de concurso público para la ejecución de la supervisión de la obra denominada «supervisión puente vehicular Incachaca sobre rio Pampas-PESCS-INADE”, obra que favorecería a Vilcashuamán. Luego este proceso se suspendió para el año 2007. En dicho concurso salió ganador el Consorcio HB Contratistas Generales, representado por Elí Federico Córdova Vilela y Hermánn Jesús Briceño Figueroa.
El entonces Director Ejecutivo del Proyecto Sierra Centro, Mesías Helí Julca Trisolini, otorgó la buena pro a dicha empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Aún así se suscribió el contrato en febrero del 2008, por un monto de 5 millones 853 mil 632 soles, teniendo un plazo para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra de 240 días, otorgándose el pago por adelantado de 47 mil 980 soles, es decir se efectúo dicho pago, luego de haber transcurrido más de tres meses de la aprobación del contrato.
Este hecho trajo como consecuencia una inadecuada supervisión efectuada por el consorcio HB Contratistas Generales a la empresa Consorcio Pampas, quienes eran los encargados directos de la elaboración del Expediente técnico. Sin embargo por estas irregularidades no cumplió adecuadamente con dicha elaboración, pues se
entregó con una serie de defectos y deficiencias, que debieron ser observadas en su integridad por la empresa supervisora.
A pesar de contar con dicha información, Mario César Pizarro Quispe, Director de Obras y Estudios del Proyecto Sierra Centro Sur, solicitó la aprobación del referido expediente técnico a través de una resolución directoral. Posteriormente, el director ejecutivo aprobó irregularmente el expediente técnico obviando constantemente las observaciones que presentaba el avance del proyecto.
Debido a los hechos irregulares, la obra se encuentra actualmente paralizada, provocando un grave perjuicio económico a la mencionada entidad, pues solo se ha avanzado 8% cuando debió ser 98%, a pesar de haberse pagado al consorcio por adelantado la suma de Un millón 135 mil 604
soles y adelanto de materiales ascendiente a un monto de 2 millones 574, mil 754 soles.
Los ex funcionarios del PESCS condenados deberán abonar por concepto de reparación civil y de manera solidaria la suma de un millón de soles en favor del Estado.
Dato.- Mario Pizarro Quispe, fue funcionario designado por la gestión Oscorima. En la gestión Sevilla fue sancionado con 5 años de inhabilitación con RER 277-2017 de mayo del presente año.
Mientras que Zoila Mercedes Fuentes Reina Farje, presenta una orden de captura emitida todavía en enero del 2012, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa, defraudación, así como asociación ilícita en agravio del Estado peruano