Escribe: Mario C. Zenitagoya B.
Ya se ha dicho en diversas oportunidades, que el ex presidente Alberto Fujimori no puede ser indultado, salvo por razones humanitarias debidamente y medicamente comprobadas.
Sin embargo, a la fecha nuevamente se ha vuelto a “manosear” el indulto, propiciado por el propio mandatario de la República a la que su Premier Fernando Zavala en clara discrepancia, ha manifestado que dicho tema “no debe estar en la agenda política”.
Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski emite un indulto común a favor del ex mandatario Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenará la nulidad de esa disposición, porque el derecho internacional prohíbe expresamente amnistías, prescripciones e indultos en procesos como los que fue condenado según IDL.
Ante este panorama las organizaciones defensoras de dd.hh., familiares asesinados anuncian movilizaciones y otros actos de protesta contra lo manifestado por PPK, que parece no estar adecuadamente asesorado porque tratándose de casos en los que Fujimori está condenado y han merecido sentencias de la Corte Interamericana, como son los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
Esta situación está mostrando un desconocimiento de la propia jurisprudencia peruana y probablemente – como dicen los juristas- lo más probable es que la Corte le niegue el valor jurídico al indulto.
Desde hace tiempo las organizaciones de derechos humanos han expresado tajante su abierta oposición a la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori, por razones estrictamente legales, cuya situación legal se ha complicado recientemente, porque la Corte Suprema de Chile amplió la autorización para la extradición sumando el caso Pativilca, considerado como delito de lesa humanidad.
En esta coyuntura el Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho, ha manifestado su preocupación y rechazo a lo señalado por PPK, considerando que el mandatario muestra debilidad ante la presión fujimorista para otorgar el indulto.
Manifiestan que no puede haber de ninguna manera un “negociación política” a fin de que lo “dejen gobernar”, ello significaría faltar respeto a la justicia peruana y a los asesinados y desaparecidos durante su gobierno, por lo que fue condenado a 25 años de prisión (La Cantuta y Barrios Altos) y que la CIDH encontró que los crimines perpetrados en los casos mencionados, constituyen delito de lesa humanidad. Dicen que en política todo es posible cuando la corrupción impera de por medio.
