Vulnera Derechos territoriales de Pueblos indígenas para favorecer inversión
Tras una defensa férrea de la Congresista Tania Pariona, en el pleno del Congreso, se logró hoy la derogación por mayoría del Decreto Legislativo 1333, emitido por el Ejecutivo y que proponía otorgar tierras de comunidades campesinas y nativas y predios de zonas urbanas y rurales a empresas privadas a través de una agencia de proyectos priorizados para la inversión (APIP).
¨Esta victoria es producto de un buen trabajo de incidencia de mis hermanas y hermanos del Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas, ONAMIAP, FEMUCARINAP, CCP, CNA, CUNARC, UNCA y AIDESEP y del excelente trabajo en equipo¨, dijo la Congresista Tania Pariona al conocer el resultado de las votaciones.
Tania Pariona, Coordinadora del Grupo Parlamentario indígena, había denunciado en marzo pasado que el DL 1333 aprobado por el grupo de trabajo revisor era “inconstitucional al crear un organismo con grandes poderes y exceso de competencias que podía inclusive reubicar a poblaciones si establece un territorio como prioridad para la inversión”.
La alerta no se hizo esperar y los 09 artículos del DL 1333, aprobado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Úrsula Letona, fueron rechazados por las organizaciones indígenas.
Esta ley viola la ley de consulta previa, el artículo 89 de la Constitución, la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas, el derecho constitucional a la propiedad en general y en particular, vulnera el derecho al territorio de las comunidades y pueblos indígenas, y contradice el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales.
Era sencillamente una ley de alto impacto negativo en los pueblos indígenas, creada para favorecer las inversiones, alimentando conflictos socioambientales, que interfiere en las funciones de gobiernos regionales en materia de titulación, tema álgido en las comunidades que esperan décadas a que el Estado decida resolver el problema de la titularidad sobre la tierra que ocupan desde hace siglos.
“Este decreto anula toda posibilidad de seguridad jurídica de las comunidades y viola tratados internacionales, normas nacionales y genera conflictos de competencias, abonaba a los objetivos de ProInversión, que daba atribuciones para resolver denuncias penales contra sus funcionarios, debilitando el rol de Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial”, finalizó la congresista Pariona.
