La llamada Ley del Despojo que busca flexibilizar la inversión es inconstitucional
La coordinadora del Grupo Parlamentario indígena congresista Tania Pariona, denunció que el DL 1333 que fue aprobado esta semana en el grupo de trabajo revisor “es inconstitucional pues crea un organismo con grandes poderes y exceso de competencias que subordina organismos, puede reubicar poblaciones si establece un territorio como prioridad y crea inseguridad jurídica entre otros excesos”.
Los 09 artículos del Decreto 1333, aprobado por el grupo de trabajo presidido por la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona, crea un proyecto especial denominado APIP que facilita el acceso a territorios del área rural ya sean públicos, privados, comunales, formales o informales, para fomentar proyectos de inversión de interés nacional.
Esta ley viola el derecho constitucional a la propiedad en general y en particular vulnera el derecho al territorio de las comunidades y pueblos indígenas, para priorizar los proyectos de inversión a lo largo del territorio nacional, vulnerando el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales, parte integral del ordenamiento jurídico peruano.
Mediante esta norma, el APIP puede definir la necesidad de reubicar a un pueblo, sin tomar en cuenta que de acuerdo a ley, en el caso de los pueblos indígenas esto se debe realizar solo con el consentimiento previo e informado con los pueblos indígenas, violando inclusive el artículo 89 de la constitución, respecto a la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas.
Esta norma se contrapone asimismo a los derechos adquiridos de propiedad posesión ocupación o tenencia, pues brinda a APIP competencias como ente de saneamiento.
Esta Ley tendrá impacto negativo en los pueblos indígenas, concretamente conflictos socioambientales, pues la norma interfiere inclusive en las funciones de gobiernos regionales en materia de titulación.
El APIP depende de ProInversión del MEF, tiene atribuciones para resolver las denuncias penales contra sus funcionarios, debilitando el rol de Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, y forma parte del paquete de 112 decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo en base a las facultades legislativas concedidas por el Congreso.
El antecedente de esta norma es la Ley 30230 del 12 de julio de 2014 que establece medidas tributarias simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, que flexibiliza normas, institucionalidad, seguridad jurídica de tierras comunales para facilitar y promover la inversión privada.
