Lincoln Onofre Lagos
Entre los años 1990 y 2001 el gobierno de Alberto Fujimori instaló un gobierno de carácter autoritario y corrupto apoyado en los canales institucionales que él mismo, junto a su asesor Vladimiro Montesinos, se encargó de diseñar y orientar a sus intereses. Es decir, capturaron los poderes del Estado. Así, con una mayoría parlamentaria, un Tribunal Constitucional sumiso, un Poder Judicial subordinado a los intereses del gobierno de turno (ver Vladivideos), un órgano electoral alineado a los intereses de un partido político, la lista es interminable, las pruebas también…
Y fue justamente esa omnipresencia la que llevó al fracaso al régimen, pues a la caída de una de ellas, todas las demás se vinieron abajo cual castillo de naipes. La presentación de un video que reflejaba la corrupción de las entidades públicas promovida desde el mismo gobierno, evidenció lo que era un secreto a voces: corrupción de medios de comunicación, de instituciones públicas, creación de empresas fantasmas, de grupos paramilitares, desapariciones forzadas, etc. Ante ello, la sociedad civil no tardó en organizarse para ejercer una presión social y forzar a Alberto Fujimori a convocar a nuevas elecciones generales en las cuales, según sus propias declaraciones: “demás está decirlo, no participará quien habla”.
En la actualidad, todo parece indicar que estas prácticas heredadas del pasado tienen vigencia para el partido de Keiko Fujimori. Si bien ella no fue electa como Presidente de la República, hay hechos que reflejan que gobierna a través de sus representados en el legislativo y el soporte político de figuras políticas que estuvieron al frente del gobierno autoritario de su padre.
Con una mayoría absoluta en el parlamento (regalo irresponsable de los ciudadanos) no necesitan tejer puentes de diálogo y negociación con otros grupos políticos; es decir, hay una apertura a un posible autoritarismo. Y esta posibilidad se concretó en pocas horas. Así, el mismo día de las elecciones, diferentes parlamentarios de este nuevo periodo y diversas figuras representativas expusieron el carácter autoritario del partido naranja, entre ellos: Héctor Becerril (“no está pidiendo que haya ese consenso de minorías” 13.04.2016), Cecilia Chacón (“[Alberto Fujimori] tiene que salir [de la cárcel] por la puerta grande” 14.04.2016), Pedro Spadaro (“Ni el Frente Amplio ni el partido de PPK estarán en la Mesa Directiva” 27.06.2016); y la propia Keiko Fujimori quien, como regalo de fiesta patrias refirió: “Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes”.
Bajo este marco, este congreso copó las principales mesas de trabajo; aprobó leyes ad hoc y eligió a representantes de entidades públicas sin considerar la condición que el cargo exige: autonomía e independencia política. Así, tenemos al Defensor del Pueblo, a los miembros del Banco Central de Reserva y dentro de poco a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Se imaginan a un TC avalando -como en la dictadura- la excarcelación de Alberto Fujimori, un congreso aprobando leyes que atentan contra el medio ambiente y las comunidades nativas, la consulta previa, todo para favorecer a las empresas extractivas, a la sociedad civil protestando y una Defensoría que no defiende? Como se observa, por ahora el partido naranja está haciendo gala de ese carácter autoritario, sin apertura al diálogo y la concertación; de espaldas a la sociedad y de las reformas estructurales.
Estas actitudes son herencias del pasado que se vuelven a repetir; pero el partido fujimorista no debe olvidar que hay lecciones no aprendidas, errores que se repiten, que generan desconfianza en la sociedad civil, que escapan a los 72 votos y que una vez que se activan, buscan la independencia de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia y en esa búsqueda desencadenan situaciones como las del 2000, las del 2016 y probablemente las del 2021
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