Frente a un hecho donde no hay dudas de cómo se traficaba o se trafica con dineros del Estado destinado para la atención a los más pobres , donde está comprometido el Médico Carlos Moreno, ex consejero del presidente de la República, la Defensoría del Pueblo, no menciona para nada el hecho de corrupción tremendo que se estaba armando, tampoco rechaza ese tipo de actitudes, como solían hacer los defensores anteriores, sino más bien cuestiona la falta de equipos en las entidades que brindan estos servicios. El siguiente es el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que tiene como titular a Walter Gutiérrez Camacho:
1.Frente a la situación de crisis en la que se encuentra el sector Salud, agravado por un modelo de prestación del servicio caracterizado por la tercerización sin reglas claras, falta de transparencia y ausencia de supervisión oportuna, lo que ha originado la declaratoria de emergencia sanitaria de los servicios de salud de Lima Metropolitana y la reorganización del Seguro Integral de Salud (SIS), la Defensoría del Pueblo debe expresar lo siguiente:
- El ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental y como una condición necesaria para el ejercicio de los demás derechos, por lo que es una obligación del Estado protegerlo y garantizarlo.
- Los resultados de las supervisiones defensoriales contenidas en el Informe Defensorial N°161[1] y en el Informe de Adjuntía N°001-2016-DP/AAE[2]han evidenciado un grave déficit de infraestructura sanitaria y de equipamiento médico, así como la falta de medicamentos en los centros de salud.
- En esta línea, y existiendo recomendaciones defensoriales sobre esta materia, se exhorta a la autoridad de Salud para que disponga con carácter de urgencia un censo nacional sobre el equipamiento de los hospitales, a fin de precisar las necesidades de mantenimiento o sustitución de equipos médicos, pues en gran parte esta situación es la que propicia la tercerización.
- Asimismo, la Defensoría recomienda que se declare la emergencia sanitaria a nivel nacional, para que en cumplimiento de las normas de contrataciones del Estado se adquieran, con la debida premura, los bienes y servicios necesarios para que la prestación de los servicios de salud se realice en forma adecuada y eficiente a favor de la población.
