La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho, tras una ardua investigación, logró en primera instancia la pena privativa de la libertad efectiva por el plazo de cinco años para cuatro policías, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
La investigación fue realizada por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, dirigida por el Fiscal Provincial Cruyff Ither Martínez Quispe, quien en el desarrollo del juicio oral corroboró la responsabilidad de los efectivos policiales.
Según la sentencia, los hechos datan del año 2016. Los efectivos policiales implicados, de la Unidad de Delitos y Faltas de la Policía Nacional incautaron, de forma irregular y sin presencia del representante del Ministerio Público, un aproximado de 20 celulares del stand 38 del Centro Comercial Mariscal Cáceres, deteniendo de forma arbitraria al vendedor y llevándolo a la comisaría.
Es así que los policías solicitaron la suma de tres mil soles al vendedor para dejarlo en libertad y no avisar al Ministerio Público para, supuestamente, evitar la pérdida de sus equipos telefónicos, frente a ello, el detenido solo pudo pagarles la suma de mil soles. Los policías, aprovechando su posición, se adueñaron de nueve celulares de alta gama; liberando al detenido para luego pedirle el IMEI de cinco celulares similares a los que se apropiaron para simular una entrega ficticia y plasmarlo en un acta.
Se destaca que en ningún momento se contó con la presencia de algún abogado defensor ni representante del Ministerio Público, tampoco se siguieron los conductos regulares para una intervención policial.
Por esta causa, los efectivos policiales José Luis Rubiños Alanoca (47), Jhonatan Linares Rengifo (31), Carlos Roberto Huamán Benito (45) y José Antonio Medina Tarazona (49) fueron sentenciados por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huamanga, con cinco años de pena privativa de la libertad, cinco años de inhabilitación, una pena multa de mil 925 soles para cada sentenciado y el pago de 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.