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RTA: DENUNCIAN AGRESIÓN A COMUNIDADES DE ESPINAR

Agresión. Alrededor de diez ciudadanos y ciudadanas de la comunidad campesina de Alto Huarca (Espinar, Cusco) habrían sido golpeados y amenazados en una incursión de la Policía Nacional del Perú y de funcionarios de Glencore Antapaccay, según denuncian periodistas locales y organismos de defensa de los derechos humanos.

 

Ayer martes 03 de abril, un contingente policial se hizo presente en la comunidad campesina, acompañado de ocho funcionarios de la empresa minera y de maquinaria pesada. Su objetivo: desalojar a las familias de la zona a fin de utilizar sus terrenos para la construcción de una vía para el uso de la empresa. Según la denuncia publicada por Derechos Humanos Sin Fronteras, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, y los efectivos sin ningún reparo las empujaron, patearon e insultaron. Al menos tres personas resultaron gravemente heridas: Rocio Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi.

Según declaraciones de las víctimas, el personal de la empresa les dijo que pueden vender sus terrenos a un precio de doscientos dólares, pero si no aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada.

Como se sabe, el proyecto minero Antapaccay de la empresa suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte. Por ello, viene construyendo nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

Esta grave denuncia exige un pronunciamiento inmediato de las autoridades, en especial en este momento de inicio de un nuevo Gobierno. El nuevo ministro del Interior, Mauro Medina, debe dar respuestas oportunas, investigar lo sucedido y sancionar a los responsables, y garantizar que nunca más se atente de esta manera contra los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas.

Glencore Antapaccay tiene un convenio vigente con la Policía Nacional del Perú, firmado en diciembre del año pasado (2017), que permite “la prestación de servicios policiales extraordinarios” a favor de la empresa. ¿Será este el tipo de servicios “extraordinarios” el que está incluido en dicho convenio?




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