El otro Autogolpe

 
Jans Cavero
 
Lo que está ocurriendo en el Perú demuestra que la historia no es lineal. La historia política, al menos, parece cíclica. La interpretación constitucional de que el jefe de Estado está obligado a comparecer a una comisión de investigación, cuando meses atrás el propio Parlamento sostuvo lo contrario, es una réplica de la interpretación auténtica que hizo Martha Chávez sobre la re-reelección presidencial de su otrora jefe. Salaverry es a Medellius, como Becerril es a Anselmo Revilla.
 
Tumbarse arbitrariamente a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, tal cual hoy pretende el fujimorismo, es una réplica de la destitución de los jueces constitucionales Delia Revoredo, Aguirre Roca y Rey Terry. Yeni Vilcatoma me trae a la memoria a Enrique Chirinos Sotos, y la subordinación de Torres Lara hijo a Keiko Fujimori recuerda la sumisión de Torres y Torres Lara al régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Que uno o más constitucionalistas defiendan actitudes antidemocráticas es una paradoja.
 
Asimismo, pretender vacar al Presidente de la República vulnerando los presupuestos mínimos del debido proceso, trae a colación el autogolpe del 05 de abril de 1992, cuando Fujimori disolvió inconstitucionalmente el Congreso, trayéndose abajo la institucionalidad política del país. Fujimori copó las entidades públicas y remató las empresas estatales a través de privatizaciones. Si se van todos, Galarreta junto a la cúpula fujimorista cooptarán las instituciones y no dudarán en aprovechar su posición de control gubernamental para satisfacer intereses de la cúpula naranja.
 
Si PPK sale airoso del proceso de vacancia, saldrá fortalecido en el corto plazo, mientras que el APRA, el fujimorismo y el Frente Amplio, habrán sido derrotados políticamente. PPK está ganando la batalla legal, por cuanto ha pedido la documentación que sustenta jurídicamente su vacancia. Si el Congreso no atiende el requerimiento, la vulneración al debido proceso será evidente, aunque ello poco sirva para los propósitos del Congreso, pues las relaciones entre el Legislativo y Ejecutivo comprenden también procesos políticos. No obstante, tal vulneración será una prueba potente para utilizarlo ante otros fueros, nacionales y extranjeros.
 
Quienes plantean “que se vayan todos y elecciones inmediatas” tienen una mirada simplista y corto placista. La crisis política no se resuelve con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. ¿Qué pasaría si en las nuevas elecciones los naranjas logran 80 escaños y pierden la presidencia?, ¿cuál sería la suerte del país si Keiko Fujimori ganara las presidenciales? Son 2 posibilidades reales. En el primer supuesto, atropellarían igual al nuevo Ejecutivo y a las instituciones públicas; en el segundo caso, el escenario sería propicio para garantizar impunidad, controlar el aparato estatal, patrimonializar el Estado, cooptar las principales entidades, perseguir a los opositores.
 
Por lo tanto, sostengo que las próximas elecciones generales deben darse sobre la base de nuevas reglas de juego. Necesitamos un nuevo orden constitucional para garantizar que haya real competencia partidista, priorizando bases y comités territoriales de actividad partidaria por sobre exigencias superfluas como la recolección de firmas; requerimos de un sistema electoral que garantice una auténtica proporcionalidad, evitando las distorsiones actuales en las que un partido que tuvo 39,8% de votos sea premiado con el 56% de escaños parlamentarios. En fin, necesitamos un Estado participativo, activo, solidario, e inclusivo, con mayores potestades regulatorias, que sea el actor principal en un escenario de gobernanza democrática.
 
Para llegar a ese nuevo orden constitucional, se hace indispensable convocar a un proceso constituyente cuyo derrotero sea una nueva Constitución que contenga una regulación de vanguardia en derechos, en temas sociales, laborales, políticos, económicos. Eso supone que haya un actor que lo convoque y otro que lo reivindique. El primero, según mi opinión, debería ser uno de los Vice Presidentes que asuma el gobierno transitorio, en caso PPK renuncie o sea vacado; el segundo, sin duda, es el pueblo organizado, único titular del poder soberano.
 
Si PPK le gana la batalla al Congreso fujiaprista hay 2 asuntos a evaluarse: Si las relaciones de sus empresas con Odebrecht tienen contenido penal, deberá responder ante la justicia, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico; si el contenido es político y elude la vacancia, no hay mejor castigo que exigirle un gobierno transitorio que tenga como primera tarea la convocatoria a un proceso constituyente. No tiene otra salida ante las futuras arremetidas de una bancada matona que buscará tumbarse, vía mociones de censura, a los actuales y futuros ministros de Estado.
 
De esta manera, los próximos tres años de periodo gubernamental deben ser años de transición democrática, más aún ahora que estamos a vísperas de conmemorar el bicentenario de la independencia nacional.



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