JUICIO POLÍTICO Y POLÍTICOS EN JUICIO

 

Por Luis Larrea

Los recientes escándalos de corrupción al más alto nivel de los gobiernos en Latinoamérica, pone en evidencia la conflictividad entre política jusiticia. Ex presidentes, ministros y funcionarios, se excusan de sus fechorías acusando al sistema judicial de estar supeditado a intereses políticos. Se dice que la justicia se ha politizado y que toda denuncia penal, se hace con la finalidad de derribar enemigos políticos. Así el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que sus opositores hacen uso de la “politiquería” y generan falsas denuncias, todo con la finalidad de sacarlo de la escena política. De igual parecer son los expresidentes del Perú investigados por liderar organizaciones criminales; Alan García (1985-1990, 2005-2010 investigdo por lavado de activos y enriquecimieto ilícito), Alberto Fujimori (1990- 2000, que purga una condena de 25 años), Alejandro Toledo (2001-2005, con orden de detención y a la espera de un trámite de extradicción desde EE.UU, procesado por lavado de activos y cohecho), Ollanta Humala (2010-2015 sometido a 18 meses de prisión preventiva, procesado por lavado de activos), y la eterna candidata del fujimorismo Keiko Fujimori (investigada por lavado de activos).

La justicia politizada como argumento de defensa, pretende anular toda actividad probatoria y deslegitimar a los operadores de justicia (jueces y fiscales). Es una estrategia válida para impedir que se llegue a conocer la verdad de los hechos. De ésta manera, los esfuerzos de la administración de justicia resultan inútiles y sus causas son condenadas al archivo, manteniéndose en la impunidad las redes y organizaciones corruptas.

Gracias a la propaganda mediática que ejercer actores económica y políticamente poderosos, en cuanto a la politización de la justicia, se viene estableciendo ésta como una verdad incuestionable. Ante éste panorama y teniendo en cuenta que vivimos en una era “post-verdad” donde cualquier información se toma por cierta (envios y re-envios en las redes virtuales son asumidas como verdades sin control de la fuente), es urgente analizar ésta supuesta politización de la justicia de forma más profunda.

Primero hay que señalar que aquellos que cometen delitos de corrupción, son actores políticos con mucho poder, por lo tanto no hay un politización de la justicia, sino todo lo contrario, lo que se produce es una judicialización de los actores políticos. En éste contexto, es importante fortalecer aún más el sistema de justicia, y que la sociedad civil organizada, instituciones como las Defensorías y Procuradurías de Derechos Humanos, ejerzan su poder de persuación para defender la administración de justicia de los ataques políticos de actores corruptos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el objeto del delito de corrupción estatal. El objeto del delito está compuesto por bienes estatales, que son aprovechados indebidamente por actores políticos, por ello tanto los sujetos activos, es decir los que ejecutan el delito (políticos), como el objeto del delito (bienes estatales) construyen una relación estrecha entre justicia y política. Y siendo la política una herramienta de gestión de la conflictividad social (mediante políticas públicas y actividades legislativas), se producen situaciones extremas como en el caso de Guatemala, donde el Parlamento, integrado por parlamentarios sujetos a procesos de investigación judicial por delitos de financiación ilícita de partidos, aprobaron en la segunda semana de septiembre 2017, reformas penales para evadir sus responsabilidades penales. Debido a la presión social guatemalteca, tuvieron que dar marcha atrás en su intento de tergiversar el sistema judicial.

Siendo el Poder Judicial la encargada de administrar justicia, la misma que se hace en función a las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y en algunos casos por el propio Poder Ejecutivo, es obvio que los políticos corruptos en ejercicio, intenten en todo momento tergiversar la administración de justicia y beneficiarse de la impunidad. Estos mismos políticos corruptos, una vez cumplido su mandato, no les queda otra que acusar a la justicia de estar polítizada.

Es importante dejar en claro que la justicia representan unos los últimos recursos de lucha legal contra la corrupción. A los grupos corruptos les conviene un sistema judicial politizado, a fin de utilizar los brazos de la justicia para preservar sus organzaciones criminales. Ante esta situación es vital el poder de persuación de la sociedad civil y otras instituciones públicas de defender la administración justicia, la misma que judicializa a los actores políticos, y esto conlleva  a una encarnizada lucha contra quienes abusan del poder conferido.

Lamentablemente  la labor del Ministerio Público en el Perú, le viene haciendo el juego a los políticos corruptos cuando presentan denuncias sin mayores argumentos y evidencias, cuando sólo depende de declaraciones individuales, sin que sean corroboradas por otras evidencias, y cuando presentan denuncias por delitos muy complejos sin coordinar internamente entre diferentes fiscalias.

Investigar políticos corruptos como parte de organizaciones criminales, requiere de una mayor experticia para construir el caso y acumular toda evidencia relevante. Lo peor que le puede pasar a un caso de corrupción estatal compleja, es que la denuncia carezca de evidencias sólidas (teoría del caso únicamente planteada y no construída en base a evidencias), se apresuren a dictar medidas de prisión preventiva, convirtiendo en víctimas a los corruptos (detener para investigar, cuando lo correcto es investigar para luego detener).

La corrupción estatal, al ser cometida por actores política y económicamente poderosos mediante redes y organizaciones criminales, requiere de un enfoque mucho más integral por parte del Ministerio Público, lo cual implica llevar a cabo investigaciones detalladas y coordinadas, mantener la reserva que el caso amerita, puesto que al menor ruido de denuncia se activan las alarmas de las organizaciones criminales (para proteger a sus cabecillas). En suma, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben contar con un profundo conocimiento del fenómeno de la corrupción estatal, y enfocar sus investigaciones en relación a las relaciones de poder presentes en redes y organizaciones criminales.

ttps://futuroyopinion.wordpress.com/2017/10/09/juicio-politico-y-politicos-en-jucio/




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