En julio pasado, el procurador Anticorrupción, Amado Enco, presentó una acción de amparo contra los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaron al gobernador regional de Ayacucho.
Oscorima había sido condenado a cinco años de prisión porque habría adquirido en el 2011 tractores de forma irregular por S/20 millones en perjuicio del Estado.
La Corte Superior de Justicia admitió la demanda que presentó la Procuraduría Anticorrupción contra los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de anular la sentencia que absolvió al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Para el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que preside Rocío del Pilar Rabines, la acción de amparo que entregó el procurador Amado Enco «cumple con los requisitos» para revisar el caso.
Según el documento judicial al que tuvo acceso Perú21, la demanda de amparo es contra los jueces supremos Josué Pariona Pastrana, José Antonio Neyra Flores, Jorge Calderón Castillo y Aldo Martín Figueroa Navarro, quienes en mayo pasado absolvieron a la autoridad ayacuchana.
Oscorima había sido condenado a cinco años de prisión junto a otros funcionarios por haber adquirido en el 2011 tractores de forma irregular, a través de cuatro empresas, por un valor de S/20 millones en perjuicio del Estado durante su primer gobierno (2011 – 2014) pero fue absuelto por una sala de la Corte Suprema en mayo pasado.
En declaraciones a este diario, el procurador Enco manifestó que Oscorima «estaba enterado de la presunta compra irregular de la maquinaria pesada. Pese a ello, la Corte Suprema desconoció toda la documentación a la que tuvo el entonces gobernador ayacuchano», sostuvo.
En mayo pasado, Wilfredo Oscorima dejó el penal de Cachiche, en Ica. A su salida, el ex gobernador sostuvo que confía en la justicia. «En el país existe justicia. Puedo decir a todos los peruanos que tengan confianza en la justicia peruana», dijo a la prensa. (
Dato.- Hace unos días Oscorima fue sentenciado a 18 meses de pena privativa de libertad con ejecución suspendida e inhabilitación por el mismo periodo, por el pago de una deuda que en el 2011 era de 10 millones, cuyos pagos debían darse en 4 armadas de 2 millones 500 mil por año; sin embargo optaron por pagar 16 millones en una sola armada.