César Mariano Beltrán/La Noticia en el Comentario
LOS RIESGOS DE NO GESTIONAR OPORTUNAMENTE
10 casos de los 167 conflictos sociales registrados en el país
«Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país».
Artículo I, Del derecho y deber fundamental, Título Preliminar, Derechos y Principios de la Ley 28611, Ley General del Ambiente (2005)
La indiferencia, incompetencia y/o tardía respuesta del Estado, gobierno central, regional y local, e instituciones afines para la ‘resolución’ de los conflictos sociales han significado la pérdida de cientos de vidas humanas, hechos de violencia contra la integridad física y psicológica de las personas, restricción y suspensión de los derechos fundamentales, represión a las organizaciones sociales, afectación al medio ambiente y demás recursos naturales, etc. Por ello, corresponde presentar los problemas vigentes para evitar los riesgos descritos a través de una identificación y gestión de cada una de las fases de los conflictos sociales y la generación oportuna de procesos de diálogos en defensa de los Derechos Humanos, derechos fundamentales de la persona y la libre determinación de los pueblos, y del Estado.
Según el Reporte de Conflictos Sociales Nº 162 (Agosto 2017) de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, la región de Ayacucho presenta en el mes de agosto 10 casos de los 167 conflictos sociales registrados en el país, 2 activos y 8 latentes. Al respecto, en las siguientes líneas se describirá, entre otros, el estado de los conflictos en la región de Ayacucho.
Alertas tempranas
Las alertas tempranas, entre ellos boletines y cronologías, tienen un carácter preventivo. El conocimiento anticipado permitiría al Estado, a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), a la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH) y gobiernos locales, el manejo pacífico de los conflictos.
Entre los casos que merecen una atención prioritaria por parte de las autoridades e instituciones de su competencia se tiene:
1.- (Nº 7) Lugar.- Ayacucho: distrito de Paras, provincia de Cangallo. Caso.- Paras-Gran Canaria, tipo socioambiental. Situación.- Caso en observación. “Puede devenir en un nuevo conflicto social”; y
2.- (Nº 21) Lugar.- Multiregional Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Caso.- Agricultores del VRAEM, tipo socioambiental. Situación.- Caso en observación. “Puede devenir en un nuevo conflicto social” (Defensoría del Pueblo, 2017: 11 y 12).
Conflictos sociales de alcance nacional
Entre los conflictos sociales de carácter nacional (p. 14) se tiene:
1.- Caso de trabajadores del Poder Judicial de las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima, Piura, San Martín y Tacna se encuentra en situación latente.
2.- Caso de maestros de los SUTE regionales de las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Piura, San Martín y Tacna; en situación de activo.
Conflictos sociales activos desarrollados
1.- Descripción. Tipo: Socioambiental
Caso: “El Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (FREDCOM) demanda a las empresas Transportadora de Gas del Perú (TGP S.A.) y Perú LNG S.R.L. la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades.” (Defensoría del Pueblo, 2017: 42).
Ubicación: Distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho.
Actores terciarios: “Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza de Ayacucho” [sic].
Estado: “No hay diálogo. No se registraron nuevos hechos durante el mes”.
2.- Descripción. Tipo: Socioambiental
Caso: “El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Zona Sur de Ayacucho (FREDASUR) manifiesta que el transporte de minerales que desarrolla la empresa minera Catalina Huanca estaría generando impactos ambientales negativos así como afectaciones a las actividades ganaderas y agrícolas.” (Defensoría del Pueblo, 2017: 43).
Ubicación: Provincia de Lucanas, provincia de Huancasancos, provincia de Víctor Fajardo, provincia de Sucre.
Actores terciarios: Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos del Gobierno Regional de Ayacucho, Defensoría del Pueblo.
Estado: “Hay diálogo. No se registraron nuevos hechos durante el mes”.
Conflictos sociales latentes
De acuerdo al reporte mensual de conflictos sociales del mes de agosto (pp. 90 y 91), en las provincias de la región de Ayacucho se tiene 8 conflictos sociales latentes:
1.- (Nº 19) Lucanas, tipo socioambiental: contaminación ambiental por actividades de explotación minera.
2.- (Nº 20) Paucar del Sara Sara, tipo socioambiental: oposición a presencia de empresa por probable afectación a tierras y actividades económicas tradicionales.
3.- (Nº 21) Huamanga, tipo socioambiental: pago por derechos de servidumbre a nuevos posesionarios
4.- (Nº 22) Lucanas, tipo socioambiental: contaminación a la flora y fauna de cuenca por donde desemboca una laguna, trabajos de exploración y polarización dentro de la organización comunal.
5.- (Nº 23) Sucre, tipo socioambiental: oposición a inicio de operaciones de empresa minera en faldas de nevado
6.- (Nº 24) Sucre, tipo comunal: controversia sobre límites territoriales y disputa de predios.
7.- (Nº 25) Víctor Fajardo, tipo socioambiental: renegociación de contrato de servidumbre por incumplimiento de algunos compromisos sociales, laborales y ambientales.
8.- (Nº 26) Huamanga, tipo socioambiental: renegociación de contrato de servidumbre y resarcimiento por daño causado al territorio comunal por la construcción de gaseoducto.
Casos en observación
Para el reporte en referencia, en la región de Ayacucho se tiene un caso en observación que puede devenir en conflicto social y uno multiregional.
El primer caso corresponde al distrito de Paras, provincia de Cangallo. Situación tipo socioambiental: «La comunidad campesina de Paras exige el retiro y abandono de la concesión de la empresa minera Gran Canaria S.A.C., que se encuentra actualmente en actividades de exploración» (Defensoría del Pueblo, 2017: 95).
El segundo caso corresponde al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Situación tipo otros asuntos: “Autoridades locales, dirigentes de organizaciones de agricultura cocalera y campesinos cocaleros de diferentes distritos y provincias del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), expresaron su decisión de suspender el paro regional y la marcha de sacrificio a Lima, debido a las reuniones de diálogo convocada por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios y organismos públicos” (Defensoría del Pueblo, 2017: 97).
Acciones colectivas de protestas
Entre las acciones colectivas de protestas, correspondiente al mes de agosto de 2017, Ayacucho presenta las manifestaciones del SUTE Ayacucho (p. 101), quienes exigen apoyo de autoridades regionales y diálogo con la ministra de Educación; el plantón de trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para instar «(…) al Ministerio Público la designación de un fiscal ad hoc para que investigue todas las presuntas irregularidades que se advierten desde meses atrás» (p. 103); las movilizaciones de estudiantes del colegio Mariscal Cáceres para el reinicio de las clases (p. 105).
Acciones de violencia subversiva
La única región del país que presenta acciones de violencia subversiva es la región de Ayacucho (p.108). 1 en agosto de 2016; 2 en marzo y 1 en agosto de 2017. El tipo de acción es un enfrentamiento armado en un centro de poblado de la provincia de Huanta.
Conclusiones
Los casos de conflictos sociales presentados corresponden a la región de Ayacucho, mes de agosto de 2017, como consta en el Reporte de Conflictos Sociales Nº 162 (Agosto 2017) de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
En el mes de agosto de 2017, la región de Ayacucho presentaba 10 casos de los 167 conflictos sociales registrados en el país, 2 activos y 8 latentes; entre otros.
De los 10 casos registrados en el mes de agosto, 9 son conflictos socioambientales y 1 es comunal.
En el tipo socioambiental, se tiene casos como: contaminación ambiental por actividades de explotación minera; oposición a presencia de empresa por probable afectación a tierras y actividades económicas tradicionales; pago por derechos de servidumbre a nuevos posesionarios; contaminación a la flora y fauna de cuenca por donde desemboca una laguna, trabajos de exploración y polarización dentro de la organización comunal; oposición a inicio de operaciones de empresa minera en faldas de nevado; renegociación de contrato de servidumbre por incumplimiento de algunos compromisos sociales, laborales y ambientales; y la renegociación de contrato de servidumbre y resarcimiento por daño causado al territorio comunal por la construcción de gaseoducto. En el tipo comunal, por controversia sobre límites territoriales y disputa de predios.
¿Serán éstas la totalidad de los conflictos sociales vigentes en la región de Ayacucho? ¿Cuál es la totalidad de conflictos sociales identificados por la ONDS de la PCM y la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del GRA? ¿Tendrán identificado las autoridades y funcionarios del GRA, MPH y demás gobiernos locales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil los conflictos sociales vigentes? ¿Qué acciones, medidas y/o políticas públicas de prevención y resolución de conflictos se vienen implementando desde la ONDS, GRA, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil organizada?
¿Qué políticas públicas, programas y/o proyectos en materia de desarrollo humano, social y sostenible se vienen implementando desde el gobierno central, GRA y gobiernos locales, empresa nacional e internacional?
En cuanto a las instituciones llamadas a prestar atención a los conflictos sociales se tiene a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros; a nivel de la región de Ayacucho, la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales; las dependencias correspondientes de los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, la información contenida en el reporte debería constituir alertas para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del GRA, la Municipalidad Provincial de Huamanga y demás gobiernos locales, organizaciones sociales, medios de comunicación y sociedad en general. Su atención permitiría identificar y gestionar las fases temprana y de escalamiento de los conflictos sociales, y evitar la fase de crisis que se manifiesta a través de acciones de violencia contra la integridad física y psicológica de las personas, restricción de los derechos fundamentales, represión a las organizaciones sociales, afectación al medio ambiente y demás recursos naturales.
Si bien el conflicto social es inherente a la vida, natural e inevitable de la existencia humana e interacción social, éste debe ser entendido por las instituciones públicas y privadas y sociedad en general como un proceso complejo donde los objetivos, intereses o necesidades son contradictorios que derivan en violencia (Defensoría del Pueblo, 2017), en un conflicto social, que generalmente termina con la pérdida de vidas humanas; o, en una oportunidad —identificada y gestionada a tiempo— para el reconocimiento, valoración y fortalecimiento de una entidad a partir de las diferencias y aspectos en común, así como para la integración de los pueblos y el bienestar social. Oportunidades desaprovechadas a la fecha..
Finalmente, es comprensible que identificar y gestionar las controversias, diferencias y conflictos sociales, así como facilitar la mediación y/o negociación para la resolución de las mismas es compleja; sin embargo, desde la perspectiva de la Comunicación para el cambio social, existe un principio: reconocer a las personas y/o comunidades como sujetos de comunicación. Punto de partida para generar oportunamente espacios de comunicación y procesos de diálogo con los actores sociales, y la asistencia de las instituciones y sociedad en general —en un marco de honestidad y transparencia— hacia la búsqueda de consensos para promover el desarrollo humano, el desarrollo sostenible regional y nacional. Por lo tanto, en un Estado de Derecho, la responsabilidad está en las instituciones del Estado, en las autoridades y funcionarios del gobierno central, regional y local, dependiendo de la jurisdicción y tipología de los conflictos sociales, y en las instituciones privadas; asimismo, en la ciudadanía en general.
REFERENCIA:
Defensoría del Pueblo (2017). Reporte de Conflictos Sociales Nº 162, agosto 2017. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Revisado el 15 de setiembre de 2017
<http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reporte_mensual_de_conflictos_sociales_n_162_-_ago.pdf>