A través de el PRONUNCIAMIENTO #NiUnaMenos , están rechazando la decisión del Poder Judicial, respecto al secretismo que habrían impuesto a las audiencias y a la prohibición de pronunciarse sobre el caso en público. El integró del pronunciamiento dice lo siguiente:
Rechazamos la decisión del Poder Judicial por la que se ordena que el juicio contra Adriano Pozo sea secreto
En la audiencia celebrada el 14 de febrero último, la magistrada Karina Vargas Bejar y los magistrados Alfredo Barrientos Espillco y Jhon Pillaca Valdez, integrantes del Juzgado Penal Colegiado, decidieron que las audiencias de Juicio Oral contra Adriano Pozo sean reservadas, prohibiendo a Arlette Contreras pronunciarse sobre el proceso públicamente. Como se sabe, Pozo está siendo juzgado por los delitos de Tentativa de Feminicidio y Tentativa de Violación Sexual en la ciudad de Ayacucho.
Con esta decisión, el Juzgado Penal Colegiado, sin realizar una fundamentación adecuada y contra la voluntad expresa de Arlette Contreras, impide que la sociedad civil conozca y vigile cómo se está tramitando uno de los casos de violencia de género emblemáticos del país; el que, hasta el momento, se ha caracterizado por su impunidad.
No olvidemos que Adriano Pozo fue absuelto el 14 de julio de 2016 de los delitos de violación sexual y feminicidio mediante una sentencia que posteriormente fue declarada nula por la Sala de Apelaciones; y que hoy, en el segundo proceso, se encuentra en libertad conforme a una decisión controvertida en la que el Juzgado Penal Colegiado se ha excedido de sus competencias.
La publicidad de los juicios es un principio que garantiza la imparcialidad judicial y el Estado de Derecho, y que si bien admite algunas excepciones, éstas deberían ser fundamentadas y vinculadas a la protección de las víctimas, más que a la consolidación de una justicia secreta.
El 13 de agosto de 2016 miles de personas, a nivel nacional, tomamos las calles para rechazar la violencia contra las mujeres y la impunidad que la rodea. En ese marco, como parte de la sociedad civil que se ha visto afectada por los delitos cometidos por Adriano Pozo, exigimos que su juicio oral sea público, pues esa es la única garantía que tenemos para vigilar que en este nuevo proceso no se apliquen estereotipos de género, se respeten los derechos de la víctima y se sancione adecuadamente a su agresor.